La conferencia de prensa se llevó a cabo en la sala de situación del Palacio Municipal donde estuvieron presentes el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buso; el fiscal general de la Comuna, Raúl Galván; el fiscal adjunto, Fabricio Bolognesi; la directora de habilitaciones Comerciales, Daniela Herrera y el director de Protección Ciudadana, Guillermo Barrera.

En la oportunidad el secretario de Servicios Públicos, Alejandro Buso informó que "a partir del pasado viernes se notó que hubo venta y comercialización de pirotecnia, pero dicha acción no fue llevada a cabo por el Municipio ya que no había ningún local habilitado" al tiempo que mencionó que "el día viernes a la tarde hubo un quite de colaboración por parte de la Policía de la Provincia en este aspecto, durante el viernes y sábado se abrieron cerca de 40 locales, según lo que contabilizamos, en forma sorpresiva en el departamento capital".

Luego destacó que “hubo una suerte de permiso provisorio por parte de la policía que hizo un relevamiento, diciendo que los locales en donde se estaban vendiendo estaban en condiciones”.

En este marco, explicó que "siempre se trabajó con la Policía de la Provincia, porque antes era la encargada de informar si el negocio cumplía con las condiciones de seguridad y además por que actuaba como delegación del ex RENAR, que ahora se llama Agencia Nacional de Materiales Peligrosos", e indicó que "la policía es el único ente gubernamental que puede almacenar este tipo de explosivos de acuerdo a la legislación a nivel nacional, bajo reglamentación de la ley 20.429, Ley de armas y explosivos".

Buso hizo hincapié en que seguirán trabajando en el cumplimiento de la legislación vigente e informó que ya se labraron las actas a los comerciantes para la aplicación de multa, por infracción por la venta de material prohibido e infracción por la falta de habilitación.

Aunque aclaró que "es necesario contar con el respaldo de la policía de la provincia para la regulación y aplicación total de la ordenanza, no podemos proceder en esos casos a la clausura porque la legislación nacional establece que previamente a la clausura hay que incautar la mercadería explosiva, pero no tenemos los elementos en estos momentos para transportarla y almacenarla, porque históricamente se hizo en colaboración con la Policía de la Provincia".

Daniela Herrera, directora general de Habilitaciones Comerciales comunicó que "se unieron esfuerzos para trabajar fuertemente en la aplicación de la ordenanza, comenzamos a trabajar con la policía de la provincia, en lo cual ellos mediante nota me solicitaron hacer una campaña para evitar todo lo que sucedió ahora, en todos los medios, explicar mediante conferencia de prensa para que la comunidad en general sepa que está prohibido y evitar los problemas, que ya tuvimos”.

Además, sostuvo que es importante que la comunidad tome conciencia “el municipio no hizo otra cosa que aplicar la ley, una ordenanza que fue sancionada y promulgada por el Concejo Deliberante, tratando de cuidar a los desvalidos, los niños autistas, ancianos, a la gente más vulnerables en sus derechos y es una nueva modalidad que si bien va a costar incorporarla, hay que hacerlo, tenemos como Municipio saludable que preservar la integridad no tan solo de las personas sino también de los animales, pero la ciudadanía tiene que acompañar estas medidas tomando verdadera conciencia”.

El Fiscal General del Municipio, Raúl Galván dejó en claro que la ordenanza 5.398 se encuentra vigente "no hay ningún juez que dictó la inconstitucionalidad de la ley, por lo tanto, toda la población desde el comerciante el público en general  y el estado provincial tiene que cumplir con la ordenanza, esto significa que el estado provincial tiene que colaborar con el cumplimiento de la ordenanza, la policía cumple un rol  fundamental en el cumplimiento de esta norma, hemos visto que lamentablemente que la policía no ha prestado la colaboración para que esta norma se cumpla". Además, solicitó que tanto el Ministro de Gobierno provincial, Juan Luna y al jefe de la Policía articular las acciones para cumplimentar con la norma, sino de caso contrario se iniciarán las denuncias penales pertinentes.

De tal modo, el Fiscal se refirió a un conjunto de comerciantes que interpusieron una medida de amparo y una cautelar para que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza y se suspenda hasta tanto se dicte sentencia: "con fecha dos de diciembre de este año se rechazó la medida cautelar, hasta que el Tribunal Superior no dicte la sentencia de fondo, es obligación de todo el mundo de cumplir".