En ese sentido, Puy Soria, precisó que “estamos trabajando con un grupo de unas 40 familias aproximadamente de la zona del Secadal, en el departamento Sanagasta, con el objetivo de que puedan contar con el título de propiedad de los terrenos que habitan desde hace años” y agregó que “se avanzó con el IPALAR para determinar cuestiones que tienen que ver con el nivel de los ríos y la no inundabilidad, requisitos fundamentales para avanzar en el proceso de escrituración, porque no queremos medir propiedades que en épocas estivales se puedan inundar”.

El titular de la cartera de Vivienda sostuvo que “el próximo martes vamos a enviar a nuestros técnicos a que hagan el relevamiento de campo para poder avanzar con la información geográfica y cumplimentar todo lo necesario para que los vecinos puedan tener su escritura y tener seguridad jurídica para desarrollar sus proyectos de vida y sus hogares”.

Por otra parte, el Ministro enfatizó que “en el ordenamiento territorial debe haber previsibilidad y eso está dado por la seguridad jurídica, que se basa también en la información geográfica. Esto es fundamental a la hora de comprar un terreno” y explicó que “antes de concretar una operación hay que pedir el plano de loteo, el título a nombre del poseedor o del propietario, la inscripción correspondiente en los registros oficiales, y después la operación de compra y venta, que debe estar adecuadamente registrada y certificada por el tribunal público”.

“Ese es el camino correcto, pero en muchos casos la gente hace al revés y compra sin ninguna identificación parcelaria. Y después se generan los problemas porque el Estado tiene que correr, no solo con acomodar las posesiones de acuerdo a la topografía del terreno, sino también con el tema jurídico”, remarcó.

Puy Soria se refirió también a quienes venden terrenos de manera ilegal, adjudicándose posesiones que no se corresponden con lo que indica el Código Civil, “que es tener ánimo de dueño y la posesión tiene que ser pública, permanente y no debe ser interrumpida por algún conflicto, digamos, entre vecinos. En muchos casos esos antecedentes de posesión no están demostrados, de manera que no está la posesión, pero de igual manera, fraguan ventas inmobiliarias que se traducen en un negocio”.

El funcionario manifestó que “en la provincia se defiende el derecho de propiedad privada, pero también se defiende la propiedad pública, que es delimitar justamente los espacios que pertenecen a todos, en donde allí se proyectan obras de diferentes magnitudes como viviendas, escuelas, caminos, un hospital” y acotó que “el ordenamiento territorial también se tradujo en desarrollo, porque permitió atraer importantes inversiones que se tradujeron en empleo y crecimiento”.