Por el escrito se busca restablecer el pago de las pensiones no contributivas por invalidez en la provincia de Salta, las cuales se considera que fueron suspendidas en procedimientos arbitrarios e irregulares, con evidentes faltas de transparencia en los procedimientos aplicados por el Estado nacional, que afectaron a personas en situación de vulnerabilidad extrema.

Además, se requiere el inmediato restablecimiento y pago retroactivo de las pensiones suspendidas, al igual se solicita que se adopten medidas urgentes para garantizar un procedimiento de auditoría transparente, profesional y accesible que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad y en situación de vulnerabilidad.

Asimismo, se pide que se cite a audiencia pública con participación de las partes a los fines informativos y conciliatorios. La demanda se fundamenta en la suspensión masiva de 129 pensiones en julio de 2025 y las irregularidades detectadas en las auditorías de la ANDIS. 

La Provincia de Salta alega que los procedimientos fueron "arbitrarios, carentes de sustento normativo y violatorios de derechos fundamentales", y destaca que la ANDIS se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y los procedimientos detallados de las suspensiones. Entre las anomalías denunciadas, se mencionan la falta de notificación previa a los beneficiarios, el uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas, y la realización de auditorías por personal sin la debida habilitación profesional. 

El gobierno salteño, señala también el destrato institucional hacia los organismos locales y los propios beneficiarios, quienes se vieron obligados a recorrer largas distancias para trámites que no se concretaban y la presentación sostiene que "las acciones del gobierno nacional no sólo incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables, sino que además agravan su situación, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana". 

En este sentido, la Fiscalía de Estado considera que se trata de "una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos".