La fuerte devaluación del peso ocurrida durante la semana que pasó terminó de romper los frágiles acuerdos que el gobierno nacional tenía con muchos gobernadores peronistas para que se aprobara el Presupuesto 2019, cuya ley que debe ser tratada y votada este mes en el Congreso.

Hasta hace diez días, cuando el dólar estaba muy lejos de los 38 pesos, se hablaba de un ajuste de 300.000 millones de pesos, de los cuales 100.000 millones tenían que ser absorbidos por las provincias. Esos mismos gobernadores que habían sido convocados a varias reuniones ahora se preguntan cuáles serán las nuevas metas de ajuste de cinturón que se pedirán desde la Nación.

Es que Nicolás Dujovne, el ministro de Hacienda, ya adelantó que en sus reuniones desde el próximo martes con el Fondo Monetario Internacional (FMI) se acordará un programa de restricciones aún más amplio. Si hasta hace unos días se hablaba de reducir el déficit al 1,3% del PBI, ahora el nuevo objetivo parecería ser 0,5% para 2019. Es por ello que el peronismo, que gobierna provincias y municipios, se encuentra en estado de deliberación: los gobernadores, porque saben que les viene más ajuste, y los intendentes bonaerenses, tal como relató Crónica el sábado, se reunieron de urgencia el viernes para pedir que se declare la emergencia social, económica y alimentaria.

Dicen que sus distritos "la situación no da para más", que aumenta el desempleo, y que "para darle de comer a la gente" tienen que usar fondos que inicialmente se pensaban destinar en obras e infraestructura.

Ese será uno de los frentes con los que deberá lidiar el gobierno durante septiembre: gobernadores e intendentes del PJ con la guardia alta. El otro frente será el sindical, ya que durante el mes que comienza se materializará la nueva medida de fuerza de la CGT. La central obrera ya se muestra abiertamente aliada el peronismo y en la vereda de enfrente del gobierno de Mauricio Macri.

Críticas varias

A lo largo de la jornada del sábado, mientras Macri se reunía con sus funcionarios de confianza para terminar de cerrar los anuncios económicos de mañana y quizás anunciar algunas reformas ministeriales, el peronismo, los gremios y las organizaciones territoriales protagonizaron un raid mediático en el que le pasaron facturas varias al macrismo.

Por ejemplo, el titular del bloque de Senadores peronistas, Miguel Pichetto, la emprendió contra el jefe de gabinete, Marcos Peña, y dijo que desde esa dependencia se generó "una usina que confronta permanentemente con el peronismo; echarle la culpa al peronismo de la situación económica es una mentira, una gran injusticia". También consideró que es falso que el PJ haya puesto palos en la rueda, al indicar que "el gobierno ha tenido todos los apoyos, las principales leyes, todos los instrumentos que le planteó al Congreso Nacional. Hemos votado todo con prudencia, hemos dialogado".

En tanto, desde el mundo sindical, el titular del gremio de Judiciales, Julio Piumato, reclamó que el paro del próximo 25 de septiembre convocado por la central obrera tenga "contundencia, para que el gobierno entienda que por este camino no se va a buen puerto".

Por su parte, el referente de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), Juan Grabois, hombre cercano al papa Francisco, indicó que la situación es "catastrófica" y reclamó al Poder Ejecutivo "sensatez" para enfrentarla.