El relevamiento, basado en datos de la Federación del Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA), vincula la parálisis de la obra pública con un deterioro acelerado de la infraestructura en todas las jurisdicciones del país. La falta de mantenimiento preventivo afecta la conectividad logística y la seguridad en los principales corredores productivos del territorio nacional.

​Según lo publicado por Diario Chilecito, "el diagnóstico técnico describe baches profundos, deformaciones por peso en la calzada y señalización deficiente, factores que coinciden con una ejecución presupuestaria mínima en el sector", detallando que "la paralización de contratos de conservación y la suspensión de obras de infraestructura vial heredadas han provocado un desgaste estructural que incrementa los costos de transporte y los riesgos de siniestralidad vial en las rutas gestionadas por el Estado Nacional".

​Desde la Federación del Personal de Vialidad Nacional señalaron que la situación actual compromete la integridad de la red caminera y advirtieron sobre el impacto en la seguridad de los usuarios. Por su parte, el Gobierno Nacional ratificó su política de reducción de gasto público y promueve el lanzamiento de la Red Federal de Concesiones para transferir la gestión de 9.000 kilómetros de rutas al sector privado mediante un sistema de peajes y licitaciones internacionales.

​El escenario actual ha derivado en una serie de presentaciones judiciales contra la Dirección Nacional de Vialidad por presunto incumplimiento de deberes de funcionario público ante el riesgo vial. Mientras se tramitan estas denuncias, el Poder Ejecutivo avanza en el proceso de concesión privada como vía para rehabilitar las calzadas. La resolución de este conflicto institucional determinará el ritmo de recuperación de los tramos más afectados por la falta de inversión durante el último ciclo.