El 14 de agosto de este año, en General Roca, comenzará el juicio oral y público por el asesinato de Rafael Nahuel ocurrido el 25 de noviembre del 2017 tras un intento de desalojo en Villa Mascardi.

Cinco efectivos del Grupo Albatros de Prefectura, en ese momento bajo las órdenes de la ministra Patricia Bullrich, llegan como imputados. La Secretaría de Derechos Humanos, que se constituyó en marzo del 2021 como parte querellante en la causa, acusa a los prefectos de haber asesinado a Nahuel luego de una persecución montaña arriba en la cual dispararon decenas de municiones de plomo, cuando los miembros de la comunidad que se buscaba desalojar ya habían abandonado el terreno bajo custodia.

Los prefectos llegan a juicio imputados por la fiscalía como co-autores de homicidio por exceso en la legítima defensa, aunque la Secretaría de Derechos Humanos buscará probar durante el juicio que se trató de un homicidio calificado, dado que no hubo legítima defensa por parte de los prefectos.
 
“El asesinato de Rafael Nahuel es un caso paradigmático de violencia institucional. Es la consecuencia directa de estos discursos muy peligrosos de ‘meter bala’, que terminan con la vida de personas. Salir a perseguir pibes disparando balas de plomo es lo que no debe hacer un Estado de derecho. Mataron a Rafael y podrían haber matado a dos más, que terminaron con heridas en sus brazos”, destacó Horacio Pietragalla Corti, secretario de Derechos Humanos de la Nación, quien agregó que para la secretaría se trata de un juicio muy importante para marcar un precedente.