El acto de inauguración de la nueva señalización, que tuvo lugar este viernes en horas del mediodía, fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, la Subsecretaría de DDHH de la provincia de Buenos Aires, el Municipio de Tigre y la Comisión de ex Delegados de la Fábrica Ford. 

Participaron de la actividad la ministra de Mujeres, Género y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta; el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti; el subsecretario de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires, Matías Moreno; sobrevivientes, familiares y amigos de las víctimas; integrantes de la Comisión de ex Delegados de la Fábrica Ford y referentes de organismos de Derechos Humanos. También estuvieron presentes funcionarios nacionales y provinciales; la diputada provincial Roxana López y el intendente del Municipio de Tigre, Julio Zamora.

Cabe destacar que el acto se desarrolló de manera presencial, pero teniendo en cuenta las restricciones vigentes y bajo un estricto cumplimiento de los protocolos de cuidado por la pandemia de Covid 19.

El secretario Horacio Pietragalla Corti expresó su alegría de poder reponer el cartel y al respecto dijo que "esto tiene que ver con volver a recuperar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que quedaron suspendidas durante 4 años, a pesar de la resistencia de los organismos, los familiares, las víctimas, los compañeros y compañeras en distintos ámbitos”. El funcionario además llamó a trabajar contra el lawfare que busca instalar modelos políticos y económicos como los que comenzaron en 1976 y recordó, en este marco, que se cumplen dos mil días de la detención de Milagro Sala. 

Por su parte, el subsecretario Matías Moreno manifestó que ‘‘esta no es una señalización más. Demuestra que necesitaron generar un dispositivo en los sectores del poder real para poder legitimar esa represión y acá hablamos del sector empresarial. Compartían la misma idea de proyecto económico. El acuerdo entre las Fuerzas Armadas y estos grupos económicos era disciplinar a las fuerzas de trabajo. Este tipo de actividades que estamos llevando adelante no hacen más que reafirmar la convicción de este proyecto político de recuperar la dignidad de la clase trabajadora”.

La señalización de los ex Centros Clandestinos de Detención y otros espacios vinculados con la represión ilegal tiene como objetivo visibilizar la función que cumplieron durante el terrorismo estatal y expresar en el espacio público el compromiso del estado democrático de dar a conocer y condenar estos hechos aberrantes, en el marco de los procesos de juzgamiento a los responsables. 
 
En este caso, además, la señalización es una de las medidas de reparación que forman parte de un acuerdo de solución amistosa que la Secretaría de Derechos Humanos está firmando en el marco de un caso que tramita ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y que impulsó en el año 1993 uno de los extrabajadores de la empresa Ford, Pedro Troiani.

Durante la última dictadura, al menos 24 delegados de la comisión interna y obreros activistas de la empresa Ford fueron detenidos-desaparecidos por su militancia sindical. Muchos de esos trabajadores fueron secuestrados entre marzo y agosto de 1976 durante su jornada laboral en la planta de General Pacheco y permanecieron varias horas en el quincho ubicado en el campo de deportes de la fábrica. Allí fueron torturados por miembros de las Fuerzas Armadas y de seguridad hasta ser trasladados hacia los Centros Clandestinos de Detención que funcionaron en las comisarías de Ingeniero Maschwitz y 1ª de Tigre. 

Tras estar desaparecidos entre 30 y 60 días, los trabajadores fueron llevados a diferentes unidades penitenciarias, como la cárcel de Devoto, la Unidad N° 9 de La Plata y Sierra Chica, y luego liberados después de más de un año sin mediar ningún tipo de proceso judicial. La empresa Ford Motor despidió a los obreros alegando “ausencia injustificada”.

La causa Ford es emblemática ya que constituyó la primera condena en el país por delitos de lesa humanidad cometidos por altos ejecutivos de una multinacional. 

El juicio oral concluyó en diciembre de 2018 con la condenada a 10 años para el ex gerente de Manufactura de la empresa, Pedro Müller; 12 para el ex jefe de Seguridad, Héctor Sibilla, y 15 para Santiago Omar Riveros, ex comandante de Institutos Militares. 

Los directivos fueron considerados partícipes necesarios de las detenciones ilegales y tormentos agravados que sufrieron 24 trabajadores de la planta de Pacheco. 

A casi tres años de esa sentencia histórica, las penas aún no quedaron firmes por lo que la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación presentó el pasado jueves 8 de julio, un pedido de pronto despacho ante la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal, que debe analizar el caso. 

Allí, la Secretaría solicitó que se revise de manera inmediata el caso, se rechacen los recursos de las defensas y se confirme la sentencia para los 3 acusados al destacar la avanzada edad de las víctimas y de los condenados y el derecho y garantía de obtener una respuesta de la justicia dentro de un plazo razonable.