“La nueva arremetida del gobierno nacional, promoviendo la instalación en la agenda política, el tema de la merma en la edad de imputabilidad penal, es una medida efectista de corte electoralista, para saciar la sed de seguridad que ellos mismos, en coordinación con los formadores de opinión, han creado en el imaginario social, de que la inseguridad es culpa de los adolescentes y jóvenes”, apunto Brizuela.

Si bien reconoció que la inseguridad y el delito existen y afecta a la sociedad, que “lo siente y padece”, dejo en claro que esta situación, no se soluciona “mágicamente”, ni mucho menos “criminalizando” la niñez y la adolescencia y “violando” marcos y principios jurídicos internacionales y constitucionales.

El funcionario manifestó en su reflexión que la merma de la edad de imputabilidad no disminuye la inseguridad, señalando que, no resuelve sus causas, ni ataca con eficiencia las consecuencias reprobadas por “la mayoría de la sociedad”.

“No hay que mirar para otro lado, el delito es una pesadilla para todos y una herida en el cuerpo social”, expresó, a su vez que remarcó que su resolución no tiene que ver con recetas “simplistas de mano dura”, sino con el funcionamiento pleno y ágil de la Justicia y la tarea preventiva y efectiva de los organismos de seguridad y la acción institucional del Estado y la Sociedad, promoviendo políticas de inclusión, como Salud, Educación, Deporte ,Recreación y atendiendo con prioridad a sectores sociales vulnerables y en riesgo.

Finalmente el representante de los derechos humanos en la provincia, enfatizó:” Que la lucha necesaria contra el delito, no se convierta en violación de los derechos de lxs niñxs”.