El gobernador Ricardo Quintela firmó un decreto mediante el cual la Provincia mantendrá, entre el 1 de mayo y el 31 de agosto de 2026, los cuadros tarifarios y precios vigentes al 30 de abril para distintos servicios públicos y esenciales de jurisdicción provincial. La medida alcanza a los servicios públicos de provisión de energía eléctrica, agua potable y saneamiento, al transporte urbano de pasajeros y a los servicios de conectividad brindados por empresas con participación estatal provincial.

Asimismo, el decreto establece para los adjudicatarios de viviendas sociales de la Administración Provincial de Vivienda y Urbanismo (APVyU) una reducción extraordinaria del 20 por ciento en el valor de las cuotas y determina que dichos valores no podrán incrementarse durante el plazo de vigencia de la medida.
En los fundamentos del decreto se señala que la Provincia atraviesa una situación crítica derivada del elevado costo que los servicios públicos y esenciales tienen actualmente para la población, como consecuencia de decisiones de política económica nacional, entre ellas la eliminación de medidas compensatorias y subsidios para sectores vulnerables, además de la desregulación general de precios.

La norma remarca además que el acceso al agua potable, la energía eléctrica y la conectividad digital constituyen derechos con rango constitucional en el ámbito provincial y representan condiciones básicas para garantizar una vida digna. El decreto comprende a EDELAR SAU, Aguas Riojanas SAU, La Rioja Telecomunicaciones SAPEM y a la Administración Provincial de Transporte Social e Inclusivo de Pasajeros, organismo descentralizado de la Secretaría de Transporte.

También instruye a los entes prestatarios a garantizar la continuidad, regularidad y calidad de los servicios alcanzados por la medida, mientras que el Ministerio de Vivienda, Tierras y Hábitat Social, el Ministerio de Agua y Energía, la Secretaría de Transporte, el EUCOP y la APVyU deberán dictar las normas complementarias y arbitrar los mecanismos administrativos, técnicos y financieros necesarios para asegurar su cumplimiento.

Por otra parte, el Ministerio de Hacienda y Finanzas Públicas fue facultado a realizar las adecuaciones presupuestarias necesarias para garantizar la sostenibilidad financiera de las medidas y el normal funcionamiento de las empresas prestatarias. Desde el Gobierno provincial destacaron que la decisión representa un importante esfuerzo económico del Estado riojano orientado a sostener el acceso de la población a servicios esenciales y proteger el poder adquisitivo de las familias frente al contexto económico nacional.