El Estado argentino posee el 51% de las acciones de YPF, tras comprárselas a la empresa Repsol en 2012. Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio del Grupo Petersen Energía e IEASA (ex Enarsa), reclama una millonaria indemnización por presuntas irregularidades en el proceso de estatización.

La noticia fue difundida por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X. La República Argentina aún tiene la oportunidad de apelar el fallo, que le da un plazo de 14 días para transferir las acciones, lo que llevaría a suspender la decisión.

Hace más de un año, en abril de 2024, el fondo le pidió a la jueza Preska que autorice la transferencia a su favor de todas las acciones de YPF que posee el Estado argentino. El reclamo se sustentó en el incumplimiento de un fallo de 2023 que obliga al país a abonar u$s16.100 millones.

Tras conocerse la decisión de la jueza, las acciones de YPF aceleraron su caída en Wall Street y perdían este lunes un 6,4%. El fallo va en línea con la exigencia elevada a principios de este año para que la Argentina brinde información sobre distintos activos, incluido el oro del Banco Central y acciones de otras empresas estatales.

La medida de la jueza Preska ordena a la Argentina "transferir sus acciones Clase D de YPF a una cuenta de custodia global en BNYM en Nueva York dentro de los 14 días posteriores a la fecha de la orden". A su vez, BNYM deberá transferirlas "a los demandantes o sus designados dentro de un día hábil a partir de la fecha en que las acciones sean depositadas en la cuenta".