Como representante de la comunidad, la legisladora no dudó en ponerse en el lugar de partícipe de la educación universitaria pública y gratuita “con la que me eduqué y se educan mis hijos”, por lo que compartió la necesidad que el Gobierno nacional garantice los recursos necesarios para que los trabajadores cuenten con un salario digno y los estudiantes tengan condiciones óptimas de aprendizaje.

Olima coincidió con las autoridades locales en que “este no es un problema sólo de la UNLaR, sino de todos los riojanos que queremos esta universidad como propia, porque a lo largo de los años supo brindar educación de alto nivel para todos los ciudadanos, no como sucedía antes, que para estudiar se debía ser pudiente para poder emigrar a otras provincias”.

Entendió la diputada que este rol fundamental de la UNLaR ante la comunidad, es lo que le otorga “la fortaleza necesaria para afrontar esta lucha, muchas veces desigual, frente a quienes tienen el poder de decisión a nivel nacional”. Agregó que “nosotros como representantes tenemos la obligación de señalarlo y dar todo de sí para terminar con el peligro que significa el desfinanciamiento universitario”.

Como es de público conocimiento, las universidades públicas están atravesando un ajuste feroz por parte del gobierno nacional desde comienzo de su mandato e intensificado este año a partir de un recorte de $3.000 millones de pesos extra al escaso presupuesto en educación. En el caso de la UNLaR, corren riesgo los salarios, las obras y los beneficios que se otorgan al estudiantado.

La diputada Olima, como mujer del interior profundo de la provincia, alegó que “para nuestros jóvenes de los departamentos es fundamental contar con una universidad en condiciones para poder acceder a la educación superior, caso contrario se torna imposible por la situación económica de nuestra gente”. 

Es por ello que “tomo la decisión de sumarme al apoyo a esta lucha que decidió emprender el rector Fabián Calderón como toda la comunidad universitaria, hasta que se logre que el Gobierno nacional revierta su política de constante ataque a la educación superior, pública y gratuita”.