Horacio Pietragalla Corti habló en Ginebra ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas durante la cuarta edición del Examen Periódico Universal (EPU). Destacó los avances en las políticas públicas del gobierno nacional y reconoció los desafíos por delante en materia de derechos humanos.
 
Pietragalla encabezó la delegación que representó al Estado argentino este lunes en la cuarta edición del Examen Periódico Universal (EPU), un mecanismo del Consejo en el que cada país repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de los compromisos internacionales asumidos.

Durante su exposición en el Palacio de las Naciones, el secretario presentó el informe que se realizó con el aporte de más de 30 áreas gubernamentales y que contó con el respaldo del presidente Alberto Fernández.
 
Además sostuvo que la defensa de los derechos humanos es la “columna vertebral” del gobierno nacional y destacó las políticas públicas llevadas adelante en los últimos años para garantizar la promoción y protección de los derechos humanos de la población argentina, en especial, de los grupos más vulnerables.
 
Reconoció al “lawfare” o “guerra jurídica” como uno de los principales desafíos en materia de derechos humanos, ya que implica una degradación del sistema institucional y pone en jaque el sistema republicano de división de poderes, y puso como ejemplo la persecución judicial de la que es víctima la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mencionó también los efectos perjudiciales que dejó el brutal endeudamiento con el FMI por parte del gobierno anterior y el avance de los discursos de odio, que se vieron agravados por el reciente intento de magnicidio de la vicepresidenta.

Al tratarse de fenómenos globales o regionales, el secretario solicitó el acompañamiento del Consejo de Derechos Humanos y de los países miembros en el impulso de iniciativas que permitan abordar estas problemáticas y así evitar que se sigan vulnerando los derechos humanos.

Entre las principales medidas implementadas por el gobierno argentino en los últimos años, Pietragalla resaltó el impulso del proceso de memoria, verdad, justicia y reparación por los crímenes de lesa humanidad; la decisión de erradicar la violencia institucional y las políticas de género y diversidad, como la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación.

Subrayó también los esfuerzos para garantizar el acceso a la salud, como la campaña de vacunación contra el Covid-19 y la sanción de la Ley de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo; el compromiso para mejorar el acceso universal a la educación y la política migratoria y de protección de derechos de personas refugiadas, entre otras.

Posteriormente realizó una serie de compromisos voluntarios para profundizar varias de las políticas que ya se llevan adelante en el país, como seguir impulsando la sanción de una Ley Integral contra la Violencia Institucional; avanzar con la investigación y sanción de delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica; la sanción de una nueva Ley de Discapacidad y la creación legal de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados, entre otros.

Luego de la presentación del funcionario argentino, se dio inicio al diálogo interactivo con el resto de los Estados, que realizaron preguntas y recomendaciones que fueron contestadas durante la audiencia por la delegación. La exposición fue muy bien recibida por los otros países miembros, quienes felicitaron a la Argentina y destacaron los esfuerzos realizados por el país y sus logros en materia de derechos humanos, además de realizar una serie de recomendaciones. El proceso finalizará el próximo viernes, cuando el Consejo emita una primera devolución con todas las recomendaciones realizadas.

La delegación argentina está integrada por Nicolás Rapetti, jefe de gabinete de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; Andrea Pochak, subsecretaria de Protección y Enlace Internacional de la Secretaría; Federico Villegas Beltrán, representante Permanente de Argentina ante Naciones Unidas, y Cecilia Meirovich, directora de Derechos Humanos de la Cancillería argentina.

También participaron de la audiencia de manera virtual Josefina Kelly, secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género, y Carolina Varsky, subsecretaria de Programas Especiales contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación; María Laura Garrigós, subsecretaria de Asuntos Penitenciarios del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, y Alejandro Marmoni, presidente del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas.

El Examen Periódico Universal (EPU) es un mecanismo a cargo del Consejo de Derechos Humanos por el que deben pasar todos los Estados miembros de Naciones Unidas en el que se analiza periódicamente sus obligaciones y compromisos en materia de derechos humanos.

En 2022, Argentina inició su cuarto ciclo del EPU (ya se presentó en 2017, 2012 y 2008), con la elaboración en octubre de un informe escrito en el que se brindó información sobre el estado de implementación de las 175 recomendaciones recibidas anteriormente. El Consejo, además, recibió informes de diferentes organizaciones de la sociedad civil y de expertos y grupos de trabajo independientes.