El fantasma de los paraísos fiscales vuelve a acechar al gobierno de Cambiemos, ahora con el caso de Valentín Díaz Gilligan, subsecretario general de la Presidencia, quien, según reveló el diario español "El País", depositó 1,2 millones de dólares en la Banca Privada de Andorra (BPA), que hasta el año último garantizaba el secreto bancario.

Sin embargo, el secretario general de la Presidencia, Fernando De Andreis, jefe del denunciado, salió a defenderlo desde la residencia oficial de Chapadmalal, al afirmar que Díaz Gilligan "no tiene una empresa offshore, fue asesor de varias empresas y es una situación previa a ser funcionario de la Ciudad y en el gobierno nacional".

En efecto, el funcionario, que además es vocal de la comisión directiva de River, estuvo vinculado al gobierno porteño, primero como asesor y después como director de Promoción Turística. De allí pasó a la Secretaría General de la Casa Rosada, con el cargo de subsecretario.

"Que se investigue"

En su contacto con periodistas, De Andreis avaló las explicaciones que dio Díaz Gilligan, pero no obstante dijo que "todo está a disposición de la Justicia y de la Oficina Anticorrupción". Precisamente, el organismo a cargo de Laura Alonso anunció que investigará al funcionario, por no informar de esta polémica situación en sus declaraciones juradas.

Según el diario español, el joven funcionario argentino al abrir la cuenta en 2012, figuraba ante el banco como representante y accionista de una empresa. Entonces era asesor del gobierno porteño, y cuando cerró la cuenta, dos años después, era director. Así lo probaría un acta confidencial del BPA publicada por el diario: "Como consecuencia del nombramiento del accionista como director general de Turismo de Argentina, éste decide dejar la actividad comercial que desarrollaba a través de Line Action y vende la sociedad el 3 de noviembre de 2014", señala el documento.

Pero, según lo que Díaz Gilligan declaró a ese medio, los fondos no eran suyos. La cuenta figuraba a nombre de una empresa británica, Line Action, dedicada a negociar transferencias de jugadores de fútbol. Pero Line Action pertenecía a la mercantil panameña Nashville North Inc. Si bien Díaz Gilligan reconoció haber sido accionista y director de Line Action, dijo que fue sólo para hacerle un favor a un amigo, el representante de futbolistas uruguayo Francisco "Paco" Casal.

En diálogo con radio La Red, el funcionario dijo que "estoy sorprendido por la trascendencia que tomó un hecho que no tiene que ver con la actividad pública. La plata pertenece a Francisco Casal. No cobré dividendos, sueldos ni honorarios".

"Francisco Casal tenía problemas en su país y me pidió el favor. Tenía un juicio con el fisco que ganó y no podía figurar. Confiaba en él. La plata nunca fue mía. Además, yo no ejercía entonces cargo público. Era asesor y facturaba como autónomo", se excusó Díaz Gilligan.