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INTERNACIONALES

4 de septiembre de 2022

Chile: se impone el rechazo al proyecto de nueva Constitución

Con 62% de los votos válidos del plebiscito, se imponía en Chile rechazar el cambio de la Constitución escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. A diferencia de otras elecciones el voto fue obligatorio.

Chile votó este domingo para decidir si sus ciudadanos aprueban o rechazan el proyecto de nueva Constitución que busca poner fin a la escrita durante la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet (1973-1990), pero finalmente se impuso la segunda opción.

El rechazo a la nueva Constitución de Chile se imponía con 62% de los votos válidos del plebiscito contra 38% favorable a la aprobación, cuando se había completado 88,08% del escrutinio oficial.

Paralelamente, mientras dirigentes partidarios de la aprobación admitían la derrota, el presidente Gabriel Boric convocó a referentes de su coalición para este lunes, a las 16, con el objeto de analizar la continuidad del proceso constitucional.

“Estamos impactados, tristes, pero reconocemos naturalmente la derrota; es una voz que habló de manera muy limpia y que hay que escuchar con humildad y agradecimiento”, afirmó la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social (FRVS, partido oficialista), Flavia Torrealba, y agregó: “La Constitución de Pinochet está enterrada, el proceso sigue en marcha; vamos a una segunda etapa de esta conversación”.

Asimismo, la ex convencional Bárbara Sepúlveda, del Partido Comunista, dijo que “Chile va a tener una nueva Constitución; tarde o temprano, la decisión democrática del pueblo se va a volver a manifestar y ese proceso va a representar a las grandes mayorías”.

Mientras tanto, simpatizantes del rechazo festejaban en caravanas de autos, que habían tomado las calles de distintos sectores de la capital y de otras ciudades del país, con banderas chilenas y bocinazos.

Cómo es el proyecto de nueva Constitución que se votó este domingo

Actualmente, Chile se rige por la Constitución pinochetista de 1980, que tuvo una importante reforma en 2005, durante el Gobierno de Ricardo Lagos (2000-2006), pero que fue el centro de los reclamos ciudadanos en el estallido social de octubre de 2019, que llevaron a un acuerdo entre casi todos los sectores políticos para redactar un nuevo texto constitucional.

La propuesta de nueva Constitución, escrita por 154 convencionales constituyentes elegidos con la participación de los pueblos originarios, busca establecer en sus 388 artículos en 178 páginas un Estado de bienestar en el país. Entre los cambios principales, Chile pasaría de ser una “república democrática” a una “democracia paritaria”, asegurando que las mujeres ocupen al menos el 50% de todos los órganos del Estado.

 

También define al país como un Estado Plurinacional e Intercultural, con el reconocimiento de 11 pueblos, que tendrían sus respectivas autonomías regionales indígenas y sistemas jurídicos de los pueblos indígenas con respeto a la Constitución.

 

El nuevo texto propone cambios en el Sistema Político, permitiendo al presidente ser reelegido por una vez, la eliminación del Senado que será reemplazado por una Cámara de las Regiones, que tendrá menos poder y la facultad de elaborar leyes acotadas a acuerdos regionales, mientas que la cámara baja pasaría a llamarse Congreso de Diputados y Diputadas y tendría mayor poder en la formación de leyes, lo que da cuenta de dos cámaras con poder asimétrico.

 

Con la nueva propuesta Chile se define como un “Estado Social y Democrático de Derecho”, garantizando derechos sociales, como educación, salud, vivienda, trabajo y pensiones.

 

También propone cambios con respecto al aborto, ya que indica que el Estado debe asegurar las condiciones para un embarazo, parto y maternidad voluntarios y protegidos, y para una interrupción voluntaria del embarazo.

 

Cualquiera sea el resultado de hoy, el proceso constitucional seguirá su rumbo, ya que de aprobarse deberá implementarse con leyes que legisle el actual Congreso, que está dividido casi a la mitad entre fuerzas de derecha e izquierda, y en caso de rechazarse, los parlamentarios deberían buscar un nuevo camino constitucional.



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