Los jueces Daniel Omar Gutiérrez, Silvina Mayorga y Nada Flores Vega, integrantes del TOF, consideraron que los hechos juzgados "son constitutivos de crímenes de lesa humanidad y en consecuencia son imprescriptibles", al leer el veredicto del proceso oral y público sobre los exintegrantes del Ejército, la Armada, la Gendarmería y la Policía Bonaerense.

Entre los que recibieron la pena máxima se encuentra Santiago Omar Riveros, ya condenado en otras causas, quien era jefe de la guarnición militar de Campo de Mayo y jefe de la Zona de Defensa IV durante la dictadura.

Los otros condenados a perpetua son Luis Sadi Pepa, exdirector de la Escuela de Comunicaciones, Área 420, dependiente del Comando de Institutos Militares; Eugenio Guañabens Perelló, Luis del Valle Arce, Carlos Javier Tamini, Carlos Eduardo José Somoza, Miguel Ángel Conde, Mario Rubén Domínguez, Francisco Rolando Agostino y Luis Pacífico Britos.

Entre los delitos por los que fueron juzgados figuran la privación ilegal de la libertad, la imposición de tormentos a las víctimas por ser perseguidos políticos, homicidios cometidos con alevosía y en algunos casos también violaciones con la participación de dos o más personas.

Los magistrados dieron a conocer las sentencias en la Sala de Audiencias de la sede del TOF1 de San Martín desde las 14.20, mientras en las afueras se concentraron familiares de víctimas y dirigentes y militantes de organismos de derechos humanos.

En la causa se juzgaron delitos sobre 347 víctimas y el juicio insumió 126 audiencias.

La megacausa "Campo de Mayo" es emblemática por la envergadura del centro clandestino de detención que funcionó allí y la cantidad de prisioneros que pasaron por el lugar.

En el predio, de más de cuatro mil hectáreas, hubo presos políticos en diversos sitios, como "El Campito" o "Los Tordos", "Las Casitas" o "La Casita", el Hospital Militar con su maternidad clandestina y la prisión de Encausados.

En el alegato, la fiscal Gabriela Sosti estimó que pasaron por Campo de Mayo más de 6.000 personas y que hubo un nivel de sobrevivencia menor al uno por ciento.

En su alegato Sosti dijo que la causa "permitió poner el foco en ese territorio (Campo de Mayo) y entender el funcionamiento de forma más ampliada del sistema represivo implementado allí, y no tan recortada, como pudo haber sucedido en causas anteriores".

Añadió que los delitos se cometieron por parte de los acusados "con cada uno de ellos en particular, a cargo de diferentes funciones, contribuyendo al crimen común".

Dijo que "en estos juicios se observan distintas jerarquías (en lo delictual) que pasan por todos los actores, desde los que estaban adentro del Campito hasta los que estaban en otros estamentos".