El abogado Gregorio Dalbón solicitó la detención del ministro de Economía, Luis Caputo, del presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, y del director de la entidad, Juan Curutchet, por las operaciones financieras con derivados vinculados al oro realizadas durante 2025.

El pedido fue presentado ante la Justicia en el marco de una denuncia que busca determinar si hubo irregularidades en la administración de las reservas y si las operaciones ocasionaron un perjuicio económico al Estado. Entre las figuras penales mencionadas se encuentran administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y asociación ilícita.

La auditoría que originó la presentación

El planteo se basa en un informe de la Auditoría General de la Nación (AGN) sobre los estados contables del Banco Central al cierre de 2025. Según los datos citados en la denuncia, las operaciones con derivados financieros vinculados al oro arrojaron un resultado negativo de $1.469.155 millones, equivalente a unos US$ 1.023 millones.

La auditoría indicó que el BCRA había realizado operaciones liquidables en dólares con fines de cobertura y que, al finalizar el ejercicio, ya no mantenía posiciones de ese tipo.

En paralelo, la tenencia de oro registró una ganancia contable de aproximadamente $8 billones por diferencias de cotización. Dalbón sostiene que es necesario analizar los contratos, las decisiones adoptadas, los riesgos asumidos y el resultado de las operaciones para establecer si existió un daño patrimonial.

Qué medidas solicitó el abogado

Además de las detenciones, Dalbón pidió la prohibición de salida del país para los funcionarios, restricciones de acceso a determinadas áreas del Banco Central y del Ministerio de Economía, y limitaciones de contacto con posibles testigos vinculados con la investigación.

También solicitó documentación sobre los contratos, las actas del directorio, los informes técnicos y de riesgo, las contrapartes financieras y las comunicaciones entre los organismos. El objetivo es reconstruir cómo se instrumentaron las operaciones y quiénes participaron en las decisiones.

El pedido quedó sujeto a la evaluación judicial. La presentación de una denuncia y la solicitud de detención no implican que los funcionarios hayan sido condenados ni que exista una orden de arresto vigente. Corresponde a la Justicia determinar si hay elementos suficientes para disponer medidas y establecer eventuales responsabilidades.

Por su parte, el Banco Central rechazó que las operaciones hayan sido especulativas y sostuvo que deben analizarse como parte de una estrategia de cobertura. La entidad argumentó que el resultado negativo de los derivados debe evaluarse junto con la revalorización del oro y afirmó que la estrategia tuvo un resultado neto positivo.