La Oficina Anticorrupción (OA) denunció desvíos de fondos públicos nacionales para la construcción de viviendas en La Rioja, en mayo y junio de 2015, destinados a fundaciones que los habrían redirigido hacia funcionarios provinciales y candidatos a ocupar cargos políticos.

La denuncia de la OA señala que en mayo de 2015, en el marco del Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir II”, se adjudicaron cinco millones de pesos a la Fundación Nuevo Atardecer, que el mismo día que los recibió los transfirió a seis cuentas de intendentes y candidatos de la provincia.

Este mecanismo se reiteró al mes siguiente, en la tercera etapa del programa, cuando habrían abonado dos millones de pesos como primer desembolso de un acuerdo por casi 14 millones de pesos para mejoras habitacionales en el Barrio Hospital.

De esta forma, la Oficina Anticorrupción resaltó que entre mayo y junio de 2015 “se transfirieron fondos nacionales por casi cinco millones de pesos a una fundación de un año de antigüedad, sin movimientos bancarios y ni antecedentes en construcción o en mejoramiento habitacional alguno, entregó dichos fondos  a  candidatos a ocupar  cargos políticos”.

Asimismo, se encontró que esta operatoria se reiteró con otras fundaciones, como la Fundación Futuro y la Fundación Amanecer. “Además de los hechos vinculados a la Fundación Nuevo Atardecer, existen otras fundaciones vinculadas a esta modalidad descripta, según la cual se utilizaba el dinero público para viviendas a fin de que éste tuviera por destino el patrimonio de funcionarios públicos provinciales o diputados nacionales”, sostiene la denuncia.

En este contexto, el documento advirtió la responsabilidad del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios que estaba a cargo de Julio De Vido, ya que “estaba en cabeza del Ministerio no solo el diseño de los planes sino la posibilidad de administrar los programas federales de viviendas sociales debiendo, en caso de desvíos evidentes -como los mencionados-, promover la modificación de las condiciones, cancelarlos y denunciar sus desvíos”.

“De esta manera, los funcionarios públicos tenían una posición de garantía y desde ese rol, debían controlar la correcta implementación y ejecución de los planes federales de vivienda”, concluye la OA.