El trabajo fue llevado adelante por los Ministerios de Hacienda y Finanzas Públicas y de Trabajo, Empleo e Industria mediante sus áreas de la Dirección General de Ingresos Provinciales (DGIP) y de Comercio Interior, respectivamente. 

En la oportunidad, Jimena Espinosa, subsecretaria de Comercio Interior, confirmó esta fiscalización y control a dos entidades financieras, realizadas junto a la DGIP. El objetivo –desde esta área de control- a partir de la competencia de Ley Nacional de Defensa del Consumidor N° 24.240, fue “solicitar información a estas entidades para que aporten datos acerca de cuál es el contrato del servicio que ofrecen a los consumidores, sus productos, importes, valores. Qué tipo de tasa de interés aplican y demás información. Además de la periodicidad y montos de pagos que realizan, de la forma de tomar conocimiento de cuál es la actividad que realizan en la provincia”.

Agregó la funcionaria que a los titulares de dichas entidades financieras, se les dio un plazo de 10 días para “presentar toda la información que se requirió a fin de -como órgano de aplicación- tomar conocimiento acerca de cuáles son las operatorias que van a llevar a cabo y respecto de la aplicación de la ley de Defensa del Consumidor”. De esta forma se da cumplimiento a un Estado presente y estar prevenido para cuidar a las y los consumidores riojanos.

En este sentido, el titular de la DGIP, Luis Aguilar, informó que este martes se  realizó una fiscalización como parte de un “control diario con el fin de conocer la situación de cada comercio”, explicó Aguilar y resumió que esta vez  se abordó la situación de entidades financieras. “Hay entidades nuevas y asistimos a ver cómo están trabajando”, sostuvo.

Consultado acerca del objetivo de estos controles por parte del Estado, Aguilar señaló que básicamente “se pretende conocer, en forma semanal, detalles de su funcionamiento. Es decir, constancia de inscripción, si están regularizados todos los documentos, si están inscriptos en Ingresos Brutos, Contratos sociales, entre otros”.

De acuerdo a lo indicado por el funcionario de la DGIP, “las financieras –generalmente- se capitalizan con dineros de la gente”, por esta razón es importante “marcar presencia”, advirtiendo que desde el Estado “se los está 'observando' para cuidar a la gente”. El fin es también –por tratarse de entidades nuevas- constatar su regularidad. 

Bitcoin y monedas virtuales

En tanto, la abogada Mirtha Llanos, del área legal de la Subsecretaría de Comercio Interior, explicó que en la mañana de este martes se concretó una inspección a las financieras “Finantech Inversiones Digitales y Beta Bank”. El objetivo fue conocer “cómo actúan estas intermediarias de monedas virtuales a los fines de informarle a la población sobre el funcionamiento de este tipo de monedas que no están regularizadas en la República Argentina”.

Llanos precisó que “el Código Civil solo establece que podrían actuar como contrato innominado atípico”. Además, “el Banco Central de la República Argentina (BCRA), no los regula y advierte sobre los posibles fraudes y lavados de activos que se pueden realizar a través de estas financieras que actúan como intermediarias de Bitcoin y monedas virtuales”. 

En este sentido advirtió a la población “sobre los riesgos asociados a ese tipo de intercambio. Lo que necesitábamos saber en este tipo de inspección que se realizó, es si actúan como proveedores de  billetes virtuales a través de las cuales solo cuidan las criptomonedas, o si actúan como una casa de cambio, de compra y venta”.

Por eso, remarcó la abogada Llanos, la necesidad de conocer estos detalles son a los fines de “establecer la relación de consumo que se va a conformar entre usuarios y consumidores que reciben asesoramiento de estas intermediarias de monedas virtuales”. Según la letrada, estas dos financieras “establecieron su negocio, pero, en el objeto social están inscriptas como SRL, no contemplan este tipo de asesoramiento. Solamente podrían actuar a través de un contrato de innominado atípico. No obstante deben regularizar esta situación”, reclamó a partir del plazo de diez días otorgado, para conocer qué tipo de contrato a través del cual, ya sea de adhesión u otra, es la relación que van a tener con los usuarios de ese tipo de intermediación.