El financiamiento de las campañas electorales nacionales en Argentina establece por ley un sistema de aportes mixto entre el Estado, encargado de subsidiar un piso de condiciones para la competencia de los partidos, y los privados que, a raiz de los cambios hechos este año, deberán bancarizar sus aportes y podrán contribuir a través de empresas, siempre con montos máximos y otras restricciones. 

La Ley 26.215 de Financiamiento de los partidos políticos, sancionada en 2006 y modificada este año, es para los cargos de orden nacional (presidente, diputados y senadores) y obliga a partidos políticos y agrupaciones a dar cuenta de los gastos de campaña ante la Cámara Nacional Electoral (CNE), con la presentación de un informe una vez finalizado el proceso electoral.

Las mayores diferencias por los cambios aplicados este año pasan por el fin de los aportes en efectivo, la posibilidad de que las empresas participen de las campañas y el aumento del dinero del Estado para la impresión de boletas.

Además, se obliga ahora a que los aportes sean publicados en una plataforma de la CNE disponible en Internet (www.aportantes.electoral.gob.ar) y se extienda el tiempo para realizar campaña, entre otros cambios.