El documento firmado este jueves en la localidad de Olta, reafirma el compromiso de construir una fuerza política y social capaz de recuperar el Estado y reestituirle su papel fundamental de instrumentos de transformaciones progrsitas, garante de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los argentinos.

Una esperanza en marcha: La conformación de la fórmula presidencial Alberto Fernández-Cristina Fernández Kirchner es el primer paso de una reconfiguración del campo democrático y popular, que en los días que corren encuentra su continuidad en las elecciones provinciales con el predominio neto de fuerzas políticas afines a la propuesta de conformar un gran frente opositor que ponga fin al dolor de millones de argentinos sumergidos en la pobreza, el desempleo y la pérdida de derechos sociales.

Esta amplísima coalición, que ha comenzado a plasmarse en un grupo de fuerzas locales y nacionales que debaten acuerdos imprescindibles, está reflejando un tiempo nuevo, cuyo rasgo distintivo es la conciencia creciente en todos los sectores sociales sobre la posibilidad y la necesidad de ponerle fin a una etapa aciaga de nuestra patria.

Este gobierno llegó cargado de promesas de bienestar y abundancia, y  se irá dejando un país agobiado por una deuda multimillonaria, una sociedad herida por la disgregación social y la creciente emergencia alimentaria y sanitaria de los sectores más vulnerables de la población. 

El gobierno subsidia la compra de automóviles pero permite que el pan y la leche sean poco menos que inalcanzables para millones de familias; Que la luz, el agua y el gas sean mercancías para pudientes. Que los jubilados tengan ingresos que los condenan a la indigencia y que el precio de los medicamentos y la falta de vacunas a cargo del Estado pongan en riego cierto e inminente la salud de toda la población, en particular a los niños.

Simultáneamente, se promueve la timba financiera y la fuga de capitales, y se fijan tasas de interés del 70 por ciento letales para la producción y el empleo. Desde que asumió este gobierno, quebraron 7.500 pequeñas y medianas empresas y en el último año se perdieron 268.000 puestos de trabajo. 

En los primeros tres años de gestión los privados sacaron del país 97.274 millones de dólares, lo que representa el 50% del total de la deuda del país. 

Para garantizar la vigencia y continuidad de este modelo depredador, de enriquecimiento fabuloso para un puñado de familias y de empobrecimiento para la mayoría de la población, se creó un aparato mafioso, una máquina de odio destinada a abolir el disenso fabricando noticias falsas, armando causas penales sin pruebas y utilizando la extorsión, el espionaje, las escuchas ilegales y la prisión preventiva para intimidar y desarticular a la oposición.

El gobierno ha demostrado que la producción científica, que requiere de muchos años de inversión de recursos financieros, materiales y humanos,, no le importa en absoluto, ya que su proyecto es el de un país exportador de materias primas provenientes del agro y la minería. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), que implicó exigentes restricciones presupuestarias y un férreo control sobre la política económica, ha sumergido al país en la agobiante presión del pago de la deuda externa.

Así, el Ministerio de Ciencia, Tecnología e innovación Productiva fue degradado a Secretaría con drásticas reducciones en el presupuesto para el año 2019. El resultado de estas políticas es el éxodo creciente de nuestros científicos, un recurso humano invalorable cuya formación está a cargo de las instituciones estatales.

Ni hablar de la educación pública en los niveles primario y secundario. El ajuste fijado por el Presupuesto 2019 ha sido brutal. Las caídas más marcadas se registran en los programas de Fortalecimiento Edilicio de los Jardines de Infantes; el Plan Nacional de Educación Digital; la partidas para Infraestructura y Equipamiento.

Insistir con las políticas de ajuste y con el desfinanciamiento de la educación pública y la investigación científica y tecnológica, es desconocer lo que sucede en el mundo, donde los países desarrollados privilegian una inversión considerada estratégica para el desarrollo.

La lógica que se ha impuesto trajo el abandono de los deberes sociales de un Estadopara todos; y por el contrario, patrocina el saqueo de los ingresos de la población, de la riqueza acumulada y de los recursos del país, sometiéndolo a una recesión económica brutal que siembra el desamparo y la disgregación social. 

Por lo tanto, lo que está en juego en estos tiempos es algo más que una simple elección. Se trata de construir una gran fuerza política y social capaz de, en primer lugar, conquistar el poder político, no para un partido o un puñado de dirigentes, sino para recuperar el Estado en todos sus niveles y restituirle su papel fundamental de instrumento de transformaciones progresistas, de garante de las condiciones de vida y de trabajo del conjunto de los argentinos.

Ese es, nada más y nada menos, el compromiso de todos los que adherimos al Frente, que debe comenzar por organizar la población desde abajo y hacia arriba para abordar inmediatamente la emergencia alimentaria y sanitaria y para poner fin al tarifazo y a la dolarización del precio de los combustibles y de los alimentos.

Los desafíos  que enfrentaremos en el nuevo gobierno son enormes, en la misma dimensión que, en términos, de coraje y capacidad de decisión política, necesitará esta fuerza frentista que estamos construyendo, que se propone recuperar la democracia, el bienestar, el trabajo y la producción para nuestra Nación.