Además, las licencias podrán extenderse por otros dos años si las empresas cumplen con los programas de trabajo establecidos, según pudo saber la Agencia Noticias Argentinas.

“Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar”, afirmó Cheryl Roberts, integrante de la Asamblea Legislativa isleña. La funcionaria tiene a su cargo las áreas relacionadas con Comercio, Industria y Recursos Minerales de la administración británica de las islas.

La medida se conoció mientras el Gobierno argentino intensifica sus acciones contra las compañías que operan en la zona sin autorización nacional y considera ilegales las licencias concedidas por las autoridades británicas. Uno de los principales proyectos alcanzados es Sea Lion, ubicado en la cuenca norte de Malvinas, a unos 220 kilómetros del archipiélago y encabezado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration.

Navitas posee una participación del 65% en el proyecto, mientras que Rockhopper controla el 35% restante. Las compañías tienen previsto comenzar la extracción de petróleo en marzo de 2028.

En paralelo, la jueza federal de Río Grande Mariel Borruto ordenó a Navitas y Rockhopper abstenerse de iniciar, continuar o ejecutar las obras necesarias para poner en funcionamiento Sea Lion. La resolución surgió de una presentación realizada por la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas de La Plata.

La disputa por la explotación petrolera en Malvinas

Además de Navitas y Rockhopper, cuentan con permisos exploratorios en la zona las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited, junto con la canadiense JHI.

La administración isleña también autorizó que una subsidiaria de Navitas adquiera el 65% del bloque PL001, ubicado junto a Sea Lion, a partir de un acuerdo firmado en febrero con JHI Associates y según el comunicado difundido en las islas, se espera que la operación permita “acelerar la evaluación y el desarrollo” de ese bloque.

Argentina sostiene que las licencias otorgadas por la administración británica son ilegales y que cualquier actividad relacionada con la explotación de hidrocarburos en el área requiere autorización argentina. El Reino Unido rechaza esa posición y sostiene que Argentina no tiene jurisdicción para aplicar su legislación sobre las empresas que operan en las islas, al tiempo que reivindica el derecho de los habitantes del archipiélago a administrar los recursos naturales.

Argentina, por su parte, invoca entre sus argumentos la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que insta a las partes a abstenerse de adoptar decisiones unilaterales que modifiquen la situación mientras permanezca pendiente una solución sobre la soberanía.