Esta transformación reorganiza a la Policía de la Provincia en 14 direcciones generales especializadas y crea estructuras territoriales en la Capital y el interior para acercar la toma de decisiones a cada comunidad, integrando además al Servicio Penitenciario como componente clave del sistema.

Entre sus innovaciones más destacadas, la ley termina con el autocontrol al crear un órgano de control externo, civil e independiente encargado de fiscalizar el desempeño policial y penitenciario, garantizando transparencia y un proceso justo para los agentes.

A su vez, la normativa suma a la comunidad como actor central en la prevención mediante foros vecinales, la representación de los municipios en el Consejo Provincial de Seguridad y la toma de decisiones basadas en datos reales producidos por el nuevo Observatorio de Seguridad.

Por último, el esquema sitúa en el centro a los propios efectivos a través del Programa Permanente de Bienestar y Género, asegurando formación continua, salud mental y acompañamiento a las familias para consolidar una fuerza más profesional, cuidada y humana.