La Fiscalía de Bolivia ordenó este miércoles la detención del expresidente Evo Morales, acusado de los presuntos delitos de terrorismo, alzamiento armado contra la seguridad y soberanía del Estado, atentado contra la seguridad de los medios de transporte, asociación delictuosa, instigación pública a delinquir y atentado contra los servicios públicos. La medida se enmarca en la investigación por los bloqueos de carreteras que paralizaron el país durante 53 días entre mayo y junio de este año.

Según la resolución judicial, la orden de aprehensión fue emitida por un fiscal de Santa Cruz, quien considera que existen elementos suficientes para vincular al exmandatario con la organización y promoción de las protestas que provocaron desabastecimiento, pérdidas económicas millonarias y enfrentamientos en distintas regiones del país.

Tras conocerse la decisión, Morales rechazó las acusaciones y sostuvo que se trata de una persecución judicial con fines políticos. El exjefe de Estado aseguró que el Gobierno busca desviar la atención de la crisis interna y reiteró que las causas en su contra forman parte de una estrategia para impedir su participación en la vida política boliviana.

La orden de captura profundiza la crisis política que atraviesa Bolivia, marcada por las disputas entre el oficialismo y el sector afín a Morales. Mientras las autoridades avanzan con el proceso judicial, el expresidente permanece en el Trópico de Cochabamba, donde mantiene el respaldo de sus seguidores.