La Corte Suprema de Justicia dejó firme este jueves la medida cautelar que obliga al Gobierno nacional a aplicar parte de la Ley de Financiamiento Universitario, al rechazar un recurso extraordinario presentado por el Poder Ejecutivo. La decisión mantiene vigente la orden judicial que exige cumplir con dos artículos de la norma mientras se resuelve la cuestión de fondo.

El fallo fue firmado por unanimidad por los jueces del máximo tribunal, quienes consideraron que la presentación del Gobierno era inadmisible por no tratarse de una sentencia definitiva. De esta manera, quedó vigente la cautelar dictada por el juez federal Martín Cormick, a partir de una demanda impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).

La resolución obliga al Estado nacional a cumplir con los artículos 5 y 6 de la Ley de Financiamiento Universitario, que establecen la actualización de los salarios de docentes y no docentes de las universidades nacionales mediante paritarias y la recomposición del presupuesto destinado a las becas estudiantiles.

El conflicto se originó tras la sanción de la ley por parte del Congreso y las posteriores acciones judiciales impulsadas por el Gobierno para suspender su aplicación. Con esta decisión, la Corte no resolvió el fondo del litigio, pero confirmó que las medidas previstas en la norma deberán cumplirse hasta que exista una sentencia definitiva.

Desde el ámbito universitario, la resolución fue recibida como un respaldo institucional al reclamo por mayores recursos para las casas de estudio. Rectores, docentes y representantes de la comunidad académica destacaron que el fallo garantiza la continuidad de las actualizaciones salariales y de los programas de asistencia para estudiantes mientras avanza el proceso judicial.