La iniciativa, tratada este miércoles en una reunión de la comisión de Mujeres y Diversidad bajo la conducción de Gabriela Estévez (UP), consiguió 16 firmas y no contó con el acompañamiento de La Libertad Avanza. El proyecto plantea la declaración de la emergencia pública nacional en materia social por violencia de género contra las mujeres y diversidades por el término de dos años, con opción a prórroga por el mismo plazo, con la meta central de prevenir y disminuir los índices de la violencia machista.

Durante el debate, la diputada correntina Nancy Sand (UxP) lamentó tener que afrontar esta discusión con la necesidad “urgente y triste de pedir que nos dejen de matar” porque “sigue siendo una problemática y una emergencia real en el país. Me resisto a resignarme y naturalizar todos los días, y año tras año, que se siguen perdiendo vidas de mujeres y diversidades”, insistió.

Sand argumentó que los datos estadísticos justifican plenamente la emergencia nacional y advirtió que cualquier legislación es inútil sin "decisión política, sensibilidad social y recursos reales y efectivos" por parte del Estado.

Asimismo, alertó sobre el recrudecimiento de la violencia durante 2026 y repasó el historial reciente: en 2024 se reportaron 147 femicidios (uno cada 39 horas, mayormente en ámbitos domésticos), mientras que en 2025 la cifra osciló entre 200 y 271 muertes (un caso cada 44 horas, con más del 80% de los atacantes pertenecientes al entorno íntimo).

Tras señalar que Buenos Aires concentra el mayor volumen de casos, y Misiones, Neuquén, Santa Cruz, Chaco y Jujuy las tasas más altas por habitante en 2025, Sand precisó que en lo que va de 2026 ya se contabilizan entre 95 y 105 víctimas fatales (un crimen cada 35 horas). A su turno, Esteban Paulón (Provincias Unidas), apuntó contra el Poder Ejecutivo por desmantelar las políticas de género y de protección a las víctimas.

“En las instituciones está arraigada la violencia y la justicia es una de ellas. Hay un incumplimiento total de la Ley Micaela. Nos encontramos ante un sistema que sigue brindando impunidad y las condiciones para que esto suceda”, advirtió. El legislador aportó datos alarmantes del año en curso: 125 tentativas de femicidio (una cada 26 horas) y un 46% de hechos cometidos dentro de los hogares, en el marco de un escenario que definió como de "desfinanciamiento" y "negacionismo" oficial.

“Creemos que el Estado tiene que volver a garantizar herramientas concretas para prevenir y erradicar la violencia de género y los femicidios, por supuesto en concurso con las provincias. En tiempos en que todo cae en la polarización y la grieta, respiremos hondo, pensemos en esas que ya no están y tratemos de entender que, si no asumimos un compromiso conjunto, pleno y amplio, para combatir la violencia de género, la sociedad por sí sola no cambia”, señaló el socialista santafesino.

Tras asumir formalmente como secretaria tercera de la comisión, Myriam Bregman (Frente de Izquierda y Trabajadores Unidad) anticipó el respaldo de su bloque al dictamen mayoritario, aunque con disidencias parciales.

Bregman remarcó que la verdadera transformación requiere un presupuesto real y que la discusión actual va más allá de la terminología de las carátulas judiciales, centrándose en cómo se orientan los fondos del Estado para investigar y proteger.

Desde La Libertad Avanza, María Gabriela Flores, lamentó que la oposición no haya consultado al oficialismo para debatir el texto previo a firmar el dictamen de mayoría. “Nos convocaron con dos proyectos de ley que tienen algunos problemas en su redacción”, se quejó la salteña.

Flores consideró que la iniciativa tiene un "objetivo efectista y oportunista" que busca capitalizar el malestar social y proyectar una imagen errónea de "insensibilidad" en el liberalismo. "Nosotros no negamos la violencia contra las mujeres, al contrario. Nosotros negamos que las políticas públicas que se estuvieron haciendo hasta 2023 hayan tenido un resultado efectivo en la baja de femicidios”, subrayó Flores y enfatizó que “el feminismo no es de nadie”.