La marcha atrás en el aumento del gas en 24 cuotas que iban a pagar los consumidores para compensar a las empresas por la devaluación de este año alivió en parte la bronca de muchas provincias que usaron al bloque de gobernadores de la UCR que integran la alianza Cambiemos para frenar las subas y lograr que el ejecutivo negocie con las empresas para que absorban una parte del costo y que el resto lo pague el Estado en cuotas hasta 2021.

Más que el enojo popular, la rebelión de los gobernadores radicales la desataron los reclamos de la firma EcoGas, que cuenta entre sus accionistas a Nicolás Caputo, empresario y amigo íntimo de Macri, que pidió en junio de este año al Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) que habilite un "aumento inmediato" de las tarifas por el incremento en sus costos asociado a la devaluación.

El rumor que Metrogas, la mayor distribuidora de gas del país controlado por el Estado, y que todas las empresas del sector se habían cubierto en el mercado de dólar futuro por u$s24 millones para especular con de la devaluación del peso terminó por gatillar la rebelión federal.

Lo cierto es que los gobernadores radicales tienen un ojo puesto en el mercado energético hace tiempo. No sólo porque se oponen a la venta de la transportadora eléctrica mayorista Transener (que desde el PRO insisten en liquidar en 2019), sino también por el desguace de Metrogas, la mayor distribuidora de gas de la Argentina.

El desarme de Metrogas es impulsado por el Gobierno para cumplir con la la Ley 24.076 del año 1992, que tiene como fin de evitar la conformación de posiciones oligopólicas y que prohíbe que un productor de gas tenga el control de una distribuidora de gas.

La ley 24.076 que permite a las distribuidoras que reclamen un nuevo cuadro tarifario, fue la invocada y defendida por el secretario de Energía, Javier Iguacel para autorizar a cobrar en forma retroactiva al usuario o consumidor por la suba del dolar.

Para los gobernadores la venta de Metrogas no es menor, ya que YPF es titular de Gas Argentina SA (GASA), firma controlante de Metrogas , con un 70% del capital accionario de la distribuidora. YPF es central para sostener el balance de poder con la Nación para las provincias, ya que del 51% del capital social que tienen el Estado en YPF, un 49% es de las provincias y el 51% restante del Estado nacional.

En ese contexto, el reclamo de Ecogas, la firma en que es accionista Nicolás Caputo y que controla Distribuidora de Gas del Centro (opera en Córdoba, La Rioja y Catamarca) y Distribuidora de Gas de Cuyo (San Luis, Mendoza y San Juan) y por el cual se pedía una actualización por devaluación, se agrega al enojo que causa una probable maniobra de cobertura con futuros del dólar.

Eso, sumado al interés de empresas de buena relación con el Ejecutivo como Gas Natural BAN, Camuzzi y Andes Energía para adquirir el 21% de las acciones que el Estado obliga a vender a Metrogas, terminaron por colmar la paciencia de los mandatarios provinciales que comenzaron una guerra por el gas que aun no se sabe cuándo terminará.