El titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N° 11 concedió el pedido de las autoridades, y ahora será la Cámara de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal la que definirá si se confirma o revoca la resolución de primera instancia.

Sin embargo, en el fallo Cormick decidió que “se dará continuidad al trámite de ejecución de cumplimiento de la cautelar vigente”, la cual ordenó al Gobierno a otorgar partidas a las universidades para su funcionamiento, recomponer el salario de docentes y no docentes y actualizar las becas estudiantiles.

El Ministerio de Capital Humano, había rechazado la decisión del juez por considerar que genera “agravios concretos y de significativa gravedad institucional” y compromete el orden fiscal. Entre los puntos cuestionados, el Gobierno dijo que cumplir con la ley “proyecta efectos presupuestarios de gran magnitud y compromete el equilibrio de las cuentas públicas”, ya que no se identificó una “fuente de financiamiento específica y suficiente”.

De acuerdo con el escrito, las autoridades consideran que la Ley de Financiamiento Universitario se financiará “mediante reasignaciones” de presupuesto, que alcanzaría al 90,30% “de los créditos disponibles para gastos primarios del Estado Nacional”.

En esa línea, remarcaron que la Ley 24.629 debe ser interpretada “armónicamente” junto con las leyes 24.156 y 27.798 que establecen normas para autorizar y ejecutar el gasto público.