Una denuncia penal fue presentada contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, por presuntas irregularidades en contrataciones públicas y en el proceso de concesión de Tecnópolis. La presentación fue impulsada por la diputada del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, y apunta a posibles delitos contra la administración pública.

Según el escrito judicial, conocido en las últimas horas, las irregularidades estarían vinculadas a una licitación impulsada desde la Secretaría de Comunicación y Medios para la contratación de servicios de mensajería masiva. En ese marco, la empresa ATX S.A. habría sido adjudicataria de un contrato superior a los 3.650 millones de pesos para el envío de SMS, correos electrónicos y llamadas automatizadas.

La denuncia advierte sobre posibles vínculos societarios entre las firmas participantes —entre ellas ATX S.A., Area Tech S.A. y Movilgate S.R.L.—, lo que podría afectar los principios de transparencia y libre competencia. Además, se señalan variaciones de precios en procesos similares y la reiterada participación de empresas relacionadas, lo que, de comprobarse, podría configurar una “simulación de competencia” en perjuicio del Estado.

En paralelo, el planteo judicial pone el foco en la concesión del predio de Tecnópolis, un proceso estimado en más de 183.300 millones de pesos y gestionado por la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), organismo dependiente de la Jefatura de Gabinete.

En este punto, se menciona un presunto conflicto de interés a partir de la relación entre la consultora +Be, propiedad de Bettina Julieta Angeletti —esposa de Adorni—, y empresas vinculadas al proceso licitatorio, como Grupo Foggia, asociada a una de las firmas preseleccionadas junto a DirecTV Argentina.

Asimismo, la denuncia detalla posibles conexiones comerciales con otras compañías que mantienen contratos con el Estado, lo que podría configurar un entramado incompatible con el ejercicio de la función pública.

De acuerdo con el documento, los hechos podrían encuadrarse en delitos como fraude contra la administración pública, negociaciones incompatibles, abuso de autoridad, asociación ilícita y enriquecimiento ilícito.

Finalmente, la legisladora solicitó la apertura de una investigación penal y la producción de medidas de prueba para determinar eventuales responsabilidades de funcionarios y empresarios involucrados.