Tras más de quince horas de debate, el Gobierno logró aprobar en el Senado la reforma laboral, uno de los proyectos centrales de la agenda económica del presidente Javier Milei. La iniciativa obtuvo 42 votos afirmativos y 30 negativos y será girada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo buscará convertirla en ley antes de fin de mes.

La Libertad Avanza reunió el apoyo de la UCR, el PRO y distintos bloques provinciales, además del respaldo político de gobernadores de Salta, Tucumán, Chubut, Neuquén, Corrientes, Córdoba y Misiones. En rechazo votó el interbloque peronista —integrado por el bloque Justicialista, Convicción Federal y el Frente Cívico de Santiago del Estero— junto a dos legisladores de Santa Cruz.

La sesión comenzó pasadas las 11 con 38 senadores presentes y la votación en general se concretó a la 1.20 de la madrugada. El debate en particular se extendió hasta cerca de las 4.

Cambios estructurales en el régimen laboral

El proyecto aprobado contempla incentivos fiscales para promover el empleo formal, pero también introduce modificaciones de fondo en el régimen laboral: establece topes a las indemnizaciones, habilita convenios colectivos por empresa, crea el banco de horas y fija límites al derecho de huelga en servicios esenciales.

Además, impulsa la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL), destinado a financiar despidos, que se solventará con un aporte del 1% de las contribuciones patronales de grandes empresas y del 2,5% en el caso de las pymes. Este punto generó cuestionamientos incluso entre algunos legisladores que acompañaron la ley en general.

En la discusión en particular, el oficialismo rechazó modificaciones propuestas por el peronismo. También se votó mantener los aportes sindicales obligatorios con un tope del 2%, mientras que los aportes empresariales a cámaras tendrán un límite del 0,5%.

Cruces por constitucionalidad y “modernización”

Desde el oficialismo defendieron la reforma como una actualización necesaria del sistema. La presidenta del bloque libertario, Patricia Bullrich, sostuvo que la legislación vigente es “obsoleta” y que el crecimiento debe apoyarse en la expansión del sector privado. En la misma línea, el senador Juan Cruz Godoy afirmó que la iniciativa busca reducir el “miedo a contratar” ante la litigiosidad laboral.

La oposición, en cambio, advirtió sobre un retroceso en derechos adquiridos. El jefe del interbloque peronista, José Mayans, calificó el proyecto de “inconstitucional” por considerar que vulnera el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y tratados internacionales. “Se tocan 41 leyes en una sola jornada. Esto va a fracasar”, sostuvo.

El senador Mariano Recalde cuestionó que la norma “no está pensada para generar trabajo” y denunció que implica una flexibilización que debilita garantías históricas como la jornada laboral y el régimen de vacaciones.

Próxima parada: Diputados

Con la aprobación en el Senado, el Gobierno consiguió una victoria política clave tras la sanción del Presupuesto 2026 y la ley Bases en 2024. Ahora, el foco se traslada a la Cámara de Diputados, donde el oficialismo deberá sostener la misma coalición de apoyos para convertir en ley una reforma que reconfigura el esquema laboral argentino y que ya genera fuerte tensión con sindicatos y sectores de la oposición.