La medida, dispuesta mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 49/2026, busca garantizar el abastecimiento durante los próximos dos inviernos ante la falta de infraestructura suficiente para transportar el gas de Vaca Muerta a los centros de consumo.

El decreto firmado por el presidente Javier Milei y todo su gabinete reconoce que las obras de ampliación de gasoductos "recién entrarían en operación en el período invernal del año 2027", lo que obliga al país a seguir dependiendo de la importación de Gas Natural Licuado (GNL) para cubrir los picos de demanda residencial y la generación eléctrica.

Privatización de la importación

La normativa introduce un cambio drástico en la operatoria de comercio exterior: el Estado busca retirarse como importador directo a través de ENARSA y ceder ese rol al sector privado.

El Gobierno instruyó a la Secretaría de Energía a realizar un concurso competitivo para seleccionar a un comercializador privado que se encargue de importar el GNL y regasificarlo utilizando la terminal de Escobar (la única operativa actualmente). El Ejecutivo argumentó que la intervención estatal previa "ha sido incapaz de dar una solución eficiente y ha implicado erogaciones de mucha envergadura".

Sin embargo, ante la existencia de una única terminal de ingreso (monopolio natural), el DNU establece un "precio máximo" para la venta de ese gas en el mercado interno durante los inviernos de 2026 y 2027. Este tope se calculará en base a un marcador internacional más los costos logísticos, para evitar abusos de posición dominante por parte del futuro operador privado.