La Policía Federal presentó una petición de prisión preventiva después de que el senador, Flávio Bolsonaro, convocara una “vigilia” de apoyo frente a la casa de su padre, Jair Bolsonaro, donde cumplía arresto domiciliario y según los informes remitidos al Supremo, esa concentración podía generar aglomeraciones que dificultaran la actuación policial y aumentar el riesgo de desobediencia o fuga, especialmente tras detectarse indicios de manipulación de la tobillera electrónica del expresidente.

La vigilia no fue el único motivo, pero sí uno de los elementos que la Policía Federal señaló como factor de riesgo para justificar la medida.

El expresidente, Jair Bolsonaro, fue condenado en septiembre a 27 años de cárcel por haber impulsado un intento fallido de golpe de Estado en 2022, después de perder las elecciones presidenciales frente al actual mandatario, Luiz Inácio Lula da Silva. 

Bolsonaro se encontraba en prisión domiciliaria desde agosto en su lujoso condominio de Brasilia donde estaba monitoreado electrónicamente. Sin embargo, el 14 de noviembre, la corte suprema decidió mantener firme la condena y rechazó un intento de revertirla o flexibilizarla. De esta manera, el tribunal confirmó que el acusado deberá cumplir la pena en “régimen cerrado”, es decir, en prisión y con privación total de libertad. 

El viernes, los abogados del ex mandatario contestaron la decisión y pidieron que pudiera seguir en detención domiciliaria "por razones humanitarias" debido a su estado de salud, afirmando que "la alteración de la prisión domiciliaria tendrá graves consecuencias y representa un riesgo de vida para Bolsonaro".

Cabe mencionar que Jair Bolsonaro tiene secuelas de la puñalada que sufrió en 2018 en un acto de campaña, según el documento redactado por sus abogados, padece reflujo e “hipo incontrolable”, que le causan falta de aire y desmayos.

Decisión de los jueces

Alexandre de Moraes, uno de los jueces más poderosos del Supremo Tribunal Federal (STF) de Brasil, recordó que varios aliados de Jair Bolsonaro, ya condenados o procesados por las mismas prácticas golpistas investigadas por el Supremo, huyeron recientemente del país para intentar eludir a la justicia brasileña.

Entre ellos, uno de sus hijos, el diputado Eduardo Bolsonaro, que pidió licencia de su escaño y salió de Brasil rumbo a Estados Unidos, donde se instaló alegando persecución política y anunciando que buscaría asilo mientras hacía campaña a favor de su padre y contra el juez Moraes.

Otro ejemplo es Alexandre Ramagem, quien abandonó Brasil pese a tener restringido el viaje al exterior: cruzó la frontera por tierra con su familia y desde un país vecino tomó un vuelo internacional usando un pasaporte diplomático ya anulado, en una maniobra que la Policía Federal investiga como fuga para eludir la justicia.

Para el magistrado, estas acciones refuerzan la tesis de que existe una red organizada dispuesta a burlar decisiones judiciales y aumentan el riesgo de que el propio expresidente siga el mismo camino si se relajan las medidas en su contra.