De esta manera, el ministro coordinador podría ser destituido por el voto de la mayoría absoluta de los miembros de cada una de las cámaras legislativas, conforme el artículo 101 de la Constitución Nacional. Para remover a Francos, si la oposición logra fundar razonablemente sus acusaciones, apenas necesitaría la mayoría absoluta de votos, un objetivo alcanzable.

“El Gobierno rompió el estado de derecho”, sentenció Agost Carreño en la red social X sobre la suspensión de la implementación de la ley 27.793, ratificada por ambas cámaras del Congreso.

La interpelación y moción de censura contra Francos que impulsa el cordobés lleva la firma de diputados del bloque que preside Miguel Pichetto, como Nicolás Massot, Emilio Monzó, Mónica Fein, Margarita Stolbizer y Esteban Paulón.

Acusan a Francos no solo de incumplir la ley de Discapacidad y no reasignar las partidas conforme a la ley promulgada, sino también por “dictar decretos nulos e inconstitucionales” y "violar la división de poderes del Estado.

“La democracia no se negocia. Y las leyes se cumplen siempre, aunque no les guste perder discrecionalidad”, expresó Agost Carreño.

Este lunes, el Gobierno promulgó la ley de emergencia en Discapacidad pero en el mismo decreto 681/25 avisó que suspendía los efectos de la ley por falta de financiamiento y supeditó la implementación efectiva a la inclusión de las fuentes de financiamiento en el marco del proyecto de Presupuesto 2026.

El diputado nacional de la Coalición Cívica Maximiliano Ferraro sostuvo que “con el Decreto 681/2025, el Presidente (Javier Milei) incurre en nulidad absoluta” ya que “pretende inventar un procedimiento nuevo para la sanción y aplicación de las leyes, algo que la Constitución no permite. No es competencia del Poder Ejecutivo agregar pasos ni condicionar la vigencia de lo que ya aprobó el Congreso”, añadió. 

“La Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793) es clara: el Jefe de Gabinete, conforme a sus atribuciones legales, debe asignar y/o reasignar partidas presupuestarias para garantizar su cumplimiento. No puede excusarse: la ley lo obliga a priorizar y reorganizar el presupuesto para dar respuesta a las personas con discapacidad. Basta de excusas y de maniobras inconstitucionales. Cumplan la ley”, cerró Ferraro en X.