La iniciativa, impulsada principalmente por Silvia Lospennato, había sido eje de debate público por su posible impacto sobre la elegibilidad de dirigentes como la expresidenta Cristina Kirchner. La sesión, cargada de tensiones, terminó en frustración para quienes promovían el proyecto, que no podrá volver a tratarse hasta 2026.

El resultado generó una inmediata reacción política. Mientras el oficialismo libertario responsabilizó al kirchnerismo y a “pactos de impunidad”, desde el entorno de Juntos por el Cambio hubo fuertes críticas a sectores de La Libertad Avanza por permitir que el tema se trate sin los votos necesarios para su aprobación.