Javier Milei, tira de la cuerda en medio de la disputa con los gobernadores por el Presupuesto 2025 y produce la segunda prórroga consecutiva de lo aprobado para el ejercicio 2023. A pesar de haber presentado un proyecto de presupuesto en septiembre, el Ejecutivo decidió no convocar sesiones extraordinarias, argumentando preocupaciones sobre el impacto que un debate legislativo podría tener en el equilibrio fiscal.

De esta manera, la situación con los gobernadores se tensa mucho más, ya que entre las principales exigencias, los mandatarios provinciales solicitan las deudas por cajas previsionales; coparticipación del impuesto a los combustibles líquidos; distribución del Fondo de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) y la limitación de la alícuota de la Agencia de Recaudación Federal (ex AFIP) y las compensaciones pendientes del Consenso Fiscal 2017.

Según informaron fuentes oficiales, estos reclamos representan un total de 3.700 millones de dólares. Sin embargo, desde Balcarce 50 insisten: "No hay plata. Tampoco proponen de dónde sacar esa plata. No hay 3.700 millones para sacar de ningún lado".

Desde el oficialismo sostienen que, si los gobernadores acceden a garantizar el respaldo al proyecto original presentado en septiembre, el Presupuesto podría tratarse en febrero, aunque advierten que no hay antecedentes de votaciones presupuestarias en ese mes. “No hay antecedentes de que se vote en febrero, pero bueno… esto es día a día”, comentó una fuente oficial.

"Si acceden a votar el Presupuesto que mandamos, tranquilamente podría tratarse en febrero. Dependerá de los gobernadores”, confesó una alta fuente vinculada al Poder Ejecutivo libertario.

Y dado que no existieron acuerdos concretos y con un escenario legislativo incierto, el presidente Milei saca el decreto, que aparece nuevamente como la herramienta clave para prorrogar el presupuesto sancionado en diciembre de 2022, tal como se hizo al inicio de la gestión libertaria en diciembre de 2023.

El artículo 2 del decreto delega al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la facultad de “adecuar oportunamente” la previsión presupuestaria según el contexto económico y financiero, y consideran que esta medida otorga al Ejecutivo discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, lo que podría generar tensiones adicionales con las provincias y organismos internacionales como el FMI.

En este complejo panorama, el Gobierno apuesta a mantener su premisa de déficit cero, mientras las provincias exigen respuestas concretas a sus demandas, dando lugar a una creciente incertidumbre sobre el futuro del presupuesto 2025 y que aparentemente en febrero podría llegar a tratarse, siempre que exista acuerdo con los gobernadores.