Un plenario de las comisiones de Transportes y Presupuesto y Hacienda volverá a la carga el martes a las 11 hs con el plan del Gobierno y de sectores que comparten la cruzada para terminar con la propiedad estatal exclusiva de la aerolínea de bandera.  

La intención del Poder Ejecutivo es terminar con la metodología de los “paros salvajes” que dejan a miles de pasajeros varados, con todos los problemas derivados de la reprogramación de los vuelos.

Con la amenaza de privatización, se busca disciplinar a los sindicatos para que moderen sus formas de protesta y también poner coto a sus pretensiones de mejora salarial.

Hay una fuerte resistencia de los gremios de la aeronáutica comercial para que el proyecto prospere, y cuentan con el respaldo de Unión por la Patria, la izquierda y diputados sueltos de distintos bloques minoritarios.

Sin embargo, en principio, el oficialismo contaría con los votos, ya que además de La Libertad Avanza, coinciden en la arremetida privatizadora sus socios del PRO, del MID, la UCR, la Coalición Cívica y una parte importante de Encuentro Federal e Innovación Federal.

Más allá de si logran ese primer objetivo en lo inmediato, la apuesta de fondo es vender los activos de la empresa a operadores privados, en un proceso de adecuación administrativa que demandará al menos varios meses.

Lo ideal para el Gobierno sería avanzar con el proyecto del Poder Ejecutivo, firmado por el presidente Javier Milei, o bien con la iniciativa del diputado ultramacrista Hernán Lombardi, que no establece demasiadas exigencias de control en el proceso de privatización. Aunque el plan B es el proyecto de Juan Manuel López (Coalición Cívica), que apoya buena parte del radicalismo.

Esta iniciativa exige que se respeten las disposiciones incluidas en la ley de Bases para proceder a la privatización, que contempla la participación de la Comisión Bicameral de Privatizaciones del Congreso, de la Sindicatura General de la Nación y la Auditoria General de la Nación (AGN).

En la primera reunión informativa ocurrida el 25 de septiembre pasado había estado presente el secretario de Transporte de la Nación, Franco Mogetta, quien defendió la idea de generar un régimen de cielos abiertos y libre competencia.

“El proyecto que hoy se está presentando es en un contexto distinto, del mundo y de la Argentina. Hicimos un trabajo de desregulación de la normativa. No puede ser un lujo volar porque es una necesidad conectarse en nuestro país. Queremos que operen más empresas y así bajar los costos de los pasajes a través de la competitividad”, dijo.

Y agregó que “con la desregulación aérea, que ya empezó a tener sus frutos, los argentinos estamos teniendo más alternativas para volar por el país y a través de toda la región”.

El funcionario argumentó que ya eliminaron “las bandas tarifarias que impedían que se puedan ofrecer tarifas más bajas, quitamos el sistema de audiencias públicas para nuevas rutas, agilizamos la operación de nuevas aerolíneas, reglamentamos la cooperación entre empresas y la operación de aeronaves de menor porte, facilitamos el uso de espacios en aeropuertos que antes copaba Aerolíneas Argentinas. Desregulamos todo el sector para que los argentinos tengamos mayor conectividad”.

“No es un ataque a Aerolíneas Argentinas”, advirtió Mogetta. “Nosotros queremos que Aerolíneas Argentinas compita y con las mismas reglas que funciona para otras aerolíneas. Hoy es una compañía que tuvo que ser asistida en 8 mil millones de dólares por el Estado Argentino. Es mucho dinero que no estamos en condiciones de entregar”, puntualizó.

“Los sindicalistas que dicen defender Aerolíneas Argentinas son los que más la perjudican. Van 9 medidas de paro, por cada medida de fuerza Aerolíneas Argentinas pierde aproximadamente 1 millón y medio de dólares”, remarcó finalmente.