El funcionario dijo que "más grave aún, es haberlo dicho, en su condición de médico anestesiólogo del Sistema Público de Salud, con un tono amenazante y agresivo, en clara desobediencia a normas y protocolos establecidos, en pos de evitar la  violencia obstétrica y cualquier forma de tortura, tratos crueles e inhumanos, como reza la convención contra la tortura, que tiene rango constitucional en nuestro país, constituyendo su transgresión, un flagrante acto de violencia institucional pasible de sanciones administrativas y penales".

Por todo ello, comparte las medidas tomadas por el Ministerio de Salud de la Provincia, "que ha actuado con celeridad y contundencia, con el fin de garantizar el derecho a la salud de las mujeres y el respeto a los estándares mínimos de respeto a la dignidad de los pacientes y de buenas prácticas de los operadores de Salud", finalizó Délfor Brizuela.