En dialogo con Riojavirtual Radio, Pagotto puso claridad respecto si la investigación correspondía que sea dirimida en fueros federales o provinciales. En este sentido, el letrado comentó que "se tramita hace más de 30 días la denuncia de la vicerrectora de la UNLaR y presidenta de OSUNLaR, Maria del Carmen Corzo, quien formuló una denuncia penal contra una persona que podría estar incursa en el presunto delito de usurpación de cargo".

"En ese contexto, uno de los elementos fundamentales que hemos ofrecido como pruebas es el libro de actas y aquellos dispositivos en los que se registran las reuniones, porque la mayoría de las reuniones eran por las plataformas como zoom o meet. A veces pueden las actas no coincidir con lo que los miembros indicaban en cada reunión, por lo que la justicia ordenó el allanamiento para preservar los elementos de pruebas, que serán peritados y luego ser restituidos", aclaró.

Respecto a la continuidad del caso, Pagotto resaltó que "es fundamental preservar los elementos de pruebas y ahora se debe fijar fecha para que la sra. Toro, que es la imputada penalmente, preste declaración indagatoria, luego se receptará la prueba testimonial para que los testigos que vamos a ofrecer puedan contar lo que ha ocurrido en la UNLaR desde el año pasado, con este ataque que está sufriendo la Cra. Corzo y el juez deberá resolver si dicta el procesamiento, el sobreseimiento o la falta de mérito de la persona que hoy está imputada".

En relación a la competencia, el abogado defensor de Corzo, remarcó que "debo advertir que es competencia de la justicia provincial. Fue una postura histórica de la OSUNLaR cuando alguna persona acudía a la justicia federal por un amparo o una situación de despido contra la obra social y una de las defensas que utilizaba siempre la OSUNLaR era que ellos no forman parte de la UNLaR y al no estar comprometido el patrimonio de la universidad ni del Estado Nacional, ellos entendían que era competencia provincial".

Para aclarar aún más lo que sostiene la defensa de la vicerrectora, Pagotto dijo que "el propio estatuto de OSUNLaR establece que se trata de una entidad pública no estatal que solo funciona en el ámbito de la Universidad Nacional de La Rioja, y el patrimonio de la obra social es de los socios. De esta manera estamos en presencia de una entidad que tiene autonomía administrativa y financiera, cuyo patrimonio le pertenece a sus afiliados. Por eso no podemos hablar de una situación de competencia federal, porque ya fue aclarado por la Cámara Federal de Córdoba quien ha ratificado la incompetencia para intervenir en asuntos como los que se tramitan".

Asimismo, enfatizó en que el citado estatuto establece claramente quien debe reemplazar a la presidenta, en caso de renuncia o vacancia, y detalló que "debió asumir el afiliado titular con mayor antigüedad y no es el caso de la sra. Toro y en caso que se determine si hubo algún ilícito, se buscará que la persona que lo cometió sea condenada y despues se discutirá si los actos en los que participó Toro tienen o no validez, al igual que quienes contribuyeron para que esto ocurra".

Finalmente, sostuvo que "se busca apartar del cargo de vicerrectora a Corzo, que no tiene nada que ver con lo que se está investigando en OSUNLaR y utilizan para tal fín informes de una síndica (Liliana Ortíz Fonzalida) que es consejera en el Consejo Superior, que milita para un determinado frente universitario y uno de los requisitos para ser síndico es la objetividad y esta síndica tiene intereses porque en el caso de ser destituida Corzo, podria asumir ella como vicerrectora".