La Justicia intimó este martes al Gobierno nacional a cumplir en un plazo de cinco días con la medida cautelar que ordena aplicar la Ley de Financiamiento Universitario.

La decisión fue adoptada por el juez federal Martín Cormick, titular del Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°11, quien advirtió que la medida cautelar continúa vigente y que no se verificó su cumplimiento total.

El magistrado estableció que, si el Poder Ejecutivo no cumple con lo dispuesto dentro del plazo fijado, podrá aplicar astreintes, es decir, multas económicas por cada día de demora.

La intimación judicial está vinculada con los artículos 5 y 6 de la Ley 27.795, que contemplan medidas relacionadas con la recomposición de los salarios del personal docente y no docente de las universidades nacionales y la actualización de las becas y programas de asistencia destinados a estudiantes.

El reclamo fue impulsado por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que había solicitado que se hiciera efectiva la medida cautelar dictada previamente en el marco de la disputa por la aplicación de la ley.

La medida cautelar original fue dictada a fines de 2025, luego confirmada por la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal y quedó firme después de que la Corte Suprema rechazara en junio el recurso extraordinario presentado por el Gobierno.

Un conflicto que continúa abierto

El Gobierno había planteado que un acuerdo alcanzado en junio con el CIN y los gremios universitarios había atendido las obligaciones previstas por la norma y solicitó que se levantara la medida cautelar.

Sin embargo, el juez Cormick rechazó ese pedido el 1 de septiembre y sostuvo que el Estado no había demostrado que la situación que había dado origen a la cautelar estuviera superada.

La nueva intimación se produce además en medio de la disputa salarial entre las universidades y el Gobierno. En la última reunión paritaria, realizada el 17 de septiembre, los sindicatos rechazaron una propuesta oficial de aumento del 3% para septiembre y otro 3% para octubre.

Desde el sector universitario también se mantiene el reclamo por una recomposición salarial y por mayores recursos para las casas de estudios.

Con la resolución de este martes, el Gobierno cuenta ahora con cinco días para acreditar el cumplimiento de la medida cautelar, mientras continúa el conflicto judicial y paritario alrededor del financiamiento de las universidades nacionales.