Un grupo de 15 diputados que se definen como “pro vida” presentó un “contraproyecto” que apunta a “la protección de los derechos humanos de la mujer embarazada y de las niñas y niños por nacer”.

El proyecto, es encabezado por el democristiano Juan Brugge, de la provincia de Córdoba, y reúne firmas de distintos bloques parlamentarios, desde el Pro hasta el Frente para la Victoria, pasando también por el Frente Renovador. Consta de 19 artículos y un extenso listado de fundamentos.

En su artículo primero, el texto define “niño por nacer” como “todo ser humano desde el momento de la concepción o fertilización del óvulo, hasta el de su efectivo nacimiento”. Además, se aclara que “cuando exista conflicto entre los derechos e intereses de los niños por nacer frente a otros derechos o intereses igualmente legítimos, prevalecerán siempre los primeros”.

Para vedar cualquier posibilidad de aborto, se establece que “el niño por nacer tiene derecho inalienable a la vida como primer derecho humano, fuente y origen de todos los demás, razón por la cual no puede quedar a merced de persona alguna”.

Según el proyecto, si el embarazo es producto de una violación, la mujer podrá acceder durante toda la gestación a una asignación especial equivalente un sueldo de la categoría E del Agrupamiento General del Sistema Nacional de Empleo Público (SINEP).

En caso de que la mujer decida asumir la crianza y educación del niño, la asignación se le continuaría abonando hasta que éste cumpla los 18 años de edad. Y caso contrario, se deberían tomar medidas para facilitar la adopción del niño, y la compensación económica sería para la familia sustituta.

Otro de los aspectos del proyecto es que obliga al Estado a asumir los costos de la asistencia médica, y prohíbe cualquier práctica de manipulación genética del niño.

El artículo 7 contiene otra reforma bien particular: dice que se reputará como “violencia contra la mujer” toda “interferencia externa, sea estatal o particular, que tenga por objeto inducir o convencer a una mujer que cursa un embarazo, a interrumpir el curso de ese embarazo mediante la práctica de un aborto”.

Por otra parte, se crea un “Sistema de Protección Integral de los Derechos de la Mujer Embarazada y de los Niños por Nacer”, integrado por organismos y entidades de la temática, que entre otras cosas debería poner en funcionamiento un “centro de asistencia” para la mujer gestante “en cada hospital público”.

El proyecto de Brugge también crea una “Asignación Universal por Hijo por Nacer”, una prestación monetaria no retributiva de carácter mensual equivalente a la AUH, que se abonaría a la mujer durante todo el curso del embarazo, siempre y cuando se encuentre desempleada o ya sea beneficiaria de un plan social.

Además del diputado cordobés, firmaron la iniciativa las santafesinas Silvina Frana (Frente para la Victoria-PJ), Vanesa Massetani (Frente Renovador) y Lucila Lehmann (Coalición Cívica), la sanjuanina Graciela Caselles (Partido Bloquista), la tucumana Beatriz Ávila (Partido por la Justicia Social) y la mendocina Stella Maris Huczak (Pro).

También suscribieron el neuquino David Schlereth (Pro), el porteño Jorge Enriquez (Pro), el bonaerense Gustavo Bevilacqua (Frente Renovador), el fueguino Carlos Roma (Pro), la santiagueña Graciela Navarro (Frente Cívico), la riojana Karina Molina (Pro), el tucumano José “Mellizo” Orellana (Primero Tucumán) y la porteña Carla Pitiot (Frente Renovador).