Argentina cerró este viernes su participación en el cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), que corresponde al periodo 2018-2022, y que lleva adelante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, un mecanismo en el que cada país repasa la situación de los derechos humanos y la implementación de los compromisos internacionales asumidos.

El proyecto de informe, preparado por los representantes de China, Gabón y el Estado Plurinacional de Bolivia, contiene las recomendaciones de más de un centenar de países y es el cierre de un productivo intercambio con la comunidad internacional, que destacó los esfuerzos realizados por Argentina en materia de derechos humanos y, en particular, las políticas para combatir la violencia de género y la discriminación contra mujeres y el colectivo LGBTIQ+.

La gran mayoría de las intervenciones reconocieron los avances en las políticas de derechos humanos y alentaron a continuar y profundizar esas iniciativas. También manifestaron su solidaridad con el intento de asesinato a la vicepresidenta.

La cuestión de la independencia judicial, reconocida por Argentina como un grave problema para nuestra democracia, fue abordada en 4 recomendaciones (del total de 287) realizadas por Chile, el Estado Plurinacional de Bolivia, Eslovaquia y Alemania. Contrariamente a lo sostenido falsamente por algunos medios de comunicación, en el caso de Alemania, resalta la necesidad de reforzar la independencia del Poder Judicial y proteger a jueces e investigadores de presiones e intimidaciones, en consonancia con una comunicación de la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Independencia de Magistrados y Abogados de 2019, que también fue incorporada por Argentina en su informe.

En esa comunicación, el relator advertía que el gobierno de Mauricio Macri (2015-2019) había llevado adelante “actos de intimidación y presión” a los diversos órganos que componen el sistema judicial argentino, como el Ministerio Público y el Consejo de la Magistratura, y que estos “habrían socavado su independencia, obstaculizando la posibilidad de una actuación imparcial en decisiones que afectan a los intereses del Poder Ejecutivo; así como disciplinando a los magistrados que hubieran dictado resoluciones contrarias a la voluntad del Ejecutivo”.

Las políticas de género fueron las que recibieron mayor atención, lo que marca la relevancia que tiene para la comunidad internacional. 64 de las 287 recomendaciones se refirieron a este tema (casi un 23% del total), destacando la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y la sanción de la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo; e instando a fortalecer los esfuerzos para luchar contra la violencia hacia las mujeres y garantizar el acceso al aborto en todo el país.

La violencia institucional fue otro de los temas centrales, con la presentación de 31 (11% del total) recomendaciones para tomar las medidas que permitan erradicar la violencia policial, la tortura y mejorar las condiciones de las cárceles.

En 21 oportunidades (7%), alertaron sobre la necesidad de que el Congreso de la Nación designe al titular de la Defensoría del Pueblo de la Nación. Entre las principales observaciones también estuvieron la protección de los pueblos originarios y las infancias, el acceso a la salud, la erradicación de los discursos de odio y la discriminación y la necesidad de adoptar e implementar las medidas emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en favor de Milagro Sala.

En los próximos meses, Argentina deberá dar respuesta a las recomendaciones recibidas en el informe, cuya implementación será analizada en el siguiente ciclo del Examen Periódico Universal.

Además de las observaciones de las delegaciones, Argentina asumió compromisos voluntarios para profundizar varias de las políticas que ya se llevan adelante en el país: fortalecer las investigaciones y el acompañamiento a las víctimas de las causas por crímenes de lesa humanidad; la inauguración este año del Espacio Memoria de Campo de Mayo; seguir impulsando la sanción de una Ley Integral contra la Violencia Institucional; continuar promoviendo el diálogo y la resolución pacífica de reclamos territoriales de comunidades indígenas; la sanción de una nueva Ley de Discapacidad y la creación legal de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados y el compromiso de sensibilizar la sociedad sobre la necesidad de erradicar los discursos de odio y discriminatorios.

La delegación argentina en Ginebra, Suiza, estuvo encabezada por el secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, quien durante la presentación realizada el lunes repasó las principales medidas realizadas en los últimos años y llamó la atención en especial sobre el fenómeno del “lawfare” como uno de los mayores desafíos que enfrenta nuestro país para garantizar los derechos humanos y puso como ejemplo la persecución judicial que enfrenta la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner.

Mencionó también los efectos perjudiciales que dejó el brutal endeudamiento con el FMI por parte del gobierno anterior y el avance de los discursos de odio, que se vieron agravados por el reciente intento de magnicidio de la vicepresidenta.

Frente a cada Examen Periódico Universal, todos los países reciben recomendaciones con el propósito de mejorar su situación de derechos humanos. El EPU de Argentina generó un gran interés, ya que 104 países participaron en el diálogo interactivo y realizaron 287 recomendaciones.