Según los diputados, "la declaración de Espert va en contra de múltiples principios constitucionales entre los que se pueden enumerar: el debido proceso, el principio de inocencia, el no prejuzgamiento, el derecho a manifestarse a la protesta, a huelga y, principalmente, la abolición de la pena de muerte y toda especie de tormento".

En ese sentido, afirmaron que "es el contexto delicadísimo que vive nuestra democracia lo que agrava estas manifestaciones" y señalaron que "el intento de magnicidio contra la Vicepresidenta de la Nación hace apenas tres semanas debe llamar al conjunto de quienes ejercen representación política a la reflexión".

"Acciones de violencia explícita que atentan contra el pacto democrático que tanto le costó a nuestra Patria suceden en climas habilitantes, en marcos donde se naturalizan expresiones de odio, denigración y deshumanización del otro", expresaron los legisladores y agregaron que "la misma consigna, 'cárcel o bala', apareció también en manifestaciones de grupos violentos previos al atentado".

Denuncia penal

En tanto, la Secretaría de Derechos Humanos realizó este mismo viernes una denuncia penal contra Espert "por incitación a la violencia", donde calificaron el mensaje difundido como "peligroso y antidemocrático", según informó el organismo en un comunicado.

La denuncia fue presentada por el titular de la Secretaría, Horacio Pietragalla Corti, quien expresó: "Me encuentro obligado a denunciar estos gravísimos hechos".

El funcionario aludió a "la historia reciente de nuestro país" y "al reciente intento de magnicidio en contra de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner", para explicar "el contexto de proliferación de discursos que incitan a la violencia" que lo llevaron a presentar el escrito ante la Justicia.

El texto difundido sostuvo que si "las instituciones no funcionan" como Espert "quiere", con su mensaje el legislador demuestra que "la única opción válida es usar la fuerza letal, o sea llevar adelante una ejecución extrajudicial".

En la misma línea, destacó que las declaraciones del diputado "no fueron realizadas en el ámbito parlamentario" y afirmó que "no guardan relación con su tarea parlamentaria".

"No están amparadas tampoco por la inmunidad de opinión garantizada en el artículo 68 de la Constitución Nacional", agregó el comunicado.

La denuncia recayó en el juzgado federal N° 8, a cargo del juez Marcelo Martínez de Giorgi, y en ella se solicitó que "se investigue el hecho como incitación a la violencia", delito que está tipificado en el artículo 209 del Código Penal.