El objetivo del gobierno nacional era obtener en la tarde del jueves la sanción de la norma, ya aprobada por el Senado, antes de que venza el viernes el último decreto de necesidad y urgencia con restricciones para mitigar los efectos de la pandemia, pero ante la falta de acuerdo con la oposición, la propuesta deberá ser tratada en una nueva sesión dentro de dos semanas.

Ante la posibilidad de que no sea incluido en la sesión por falta de consenso, el Gobierno evaluaba esta tarde emitir un nuevo decreto -que estaría vigente a partir del sábado 12- y que repetiría el esquema actual de "semáforo" epidemiológico para limitar la circulación de personas en las jurisdicciones más complicadas por los contagios.

El debate

El plenario de las comisiones de Asuntos Constitucionales y de Acción Social y Salud Pública discutió durante cuatro horas el proyecto enviado por el Poder Ejecutivo que contempla medidas sanitarias generales que se aplicarán en todo el país hasta fin de este año.

El diputado del FdT, Yedlin, explicó, al abrir el plenario de comisiones como primer orador, que la iniciativa "es virtuosa" ya que con ella el Poder Ejecutivo "busca definir un semáforo epidemiológico de gravedad creciente para que las restricciones tengan una lógica sanitaria".

Yedlin explicó que "se usan indicadores sencillos utilizados en todo el mundo como la tasa de incidencia acumulada que es la suma de casos registrados en los últimos 15 días".

Para el diputado, la ley "es muy respetuosa de los gobiernos locales" y aseguró que "todas las decisiones las van a tomar los gobernadores y los intendentes y no hay un intento de saltear la autoridad real sino todo lo contrario".

A su turno, la presidenta de la comisión de Legislación Penal, Carolina Gaillard (FdT-Entre Ríos) llamó a la oposición a "dejar de mentirle a la gente" y a "dejar de hablar de superpoderes cuando de lo único que se trata es de brindar herramientas para cuidar a la gente".

"Hablan de republicanismo y de la división de poderes de la boca para afuera porque cuando tuvieron que nombrar jueces por decreto no les tembló el pulso", exclamó.

Desde la oposición, el diputado radical Gustavo Menna consideró que el proyecto "pretende legalizar dos decretos que fueron declarados inconstitucionales por el fallo de la Corte Suprema" en relación a una presentación del Gobierno porteño contra la suspensión de clases presenciales.

La diputada del bloque de Consenso Federal, Graciela Camaño, anticipó el voto negativo de su espacio por considerar que la propuesta "tiene falencias constitucionales", subrayó que no se pueden aprobar "proyectos que confrontan con nuestra Constitución" y aseveró que los gobiernos deben "aferrarse a ella en tiempos de calma pero más aún en tiempos de pandemia".

"La Nación es mucho más importante que el gobierno de la Ciudad. No puede la autoridad nacional transgredir la autoridad local aún en situación de pandemia", sostuvo.

El proyecto

La iniciativa que se busca aprobar reúne los criterios sostenidos en los DNU firmados por el Poder Ejecutivo desde el inicio de la pandemia, y hace hincapié en las reuniones sociales, el control del número de camas de terapia intensiva y el dictado de clases presenciales.

Entre otras cuestiones, establece una serie de parámetros para definir las medidas restrictivas en los centros urbanos de acuerdo con los riesgos: bajo, mediano, alto y "Situación de Alarma Epidemiológica y Sanitaria" que se aplicarán en todo el país.

El proyecto mantiene el dictado de clases presenciales y las restringe en aquellas zonas en "situación de alarma".

En las urbanizaciones con "alarma epidemiológica y sanitaria" se suspenden los centros comerciales y ferias, los locales gastronómicos, la práctica recreativa de deportes grupales de contacto en espacios al aire libre, los gimnasios y la circulación entre las 19 y las seis de la mañana.

También se suspenden las reuniones sociales en domicilios particulares; las reuniones sociales en espacios públicos al aire libre de más de diez personas; la práctica recreativa de deportes en establecimientos cerrados; las actividades de casinos, bingos, discotecas y salones de fiestas; la realización de todo tipo de eventos culturales, sociales, recreativos, religiosos y de cualquier otra índole en lugares cerrados que impliquen concurrencia de personas.

Asimismo, establece que los gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, según corresponda, podrán suspender en forma temporaria las clases presenciales y las actividades educativas no escolares presenciales conforme a la evaluación del riesgo epidemiológico, de conformidad con la normativa vigente.