El Plan de los 1.000 Días, para la atención y el cuidado de la salud durante el embarazo y la primera Infancia, fue dictaminado esta semana y obtendrá el aval de la Cámara alta ya que, durante su discusión en comisiones, obtuvo el apoyo de todos los bloques parlamentarios.

El proyecto establece una nueva asignación por Cuidado de Salud Integral, que consiste en el pago de una Asignación Universal por Hijo (AUH) a concretarse una vez por año para ayudar al cuidado de cada niño o niña menor de tres años.

Al mismo tiempo, extiende la Asignación Universal por Embarazo (AUE), que pasará de tener seis mensualidades a nueve, para abarcar la totalidad de la gestación.

En tanto, el proyecto para legalizar el aborto en la Argentina cuenta casi con tantos apoyos como rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá ese mismo día durante el debate.

Cómo será el desarrollo de la jornada

La discusión, como durante todo el año desde que se declaró la pandemia por coronavirus, volverá a ser a través de videoconferencia y sólo se permitirá a poco más de una docena de legisladores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.

El resto de los legisladores deberán pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de la pandemia de coronavirus.

¿Cambios al proyecto?

El proyecto sobre la legalización del aborto atraviesa los bloques de manera transversal, separando a quienes apoyan la interrupción voluntaria del embarazo y quienes se oponen, sin distinguir la bandería política.

Durante los últimos días, la sanción de la iniciativa tal como llegó de Diputados fue puesta en duda luego de que uno de los senadores aliados del Frente de Todos, el rionegrino de Juntos Somos Río Negro Alberto Weretilneck, solicitó algunos cambios al proyecto porque, de lo contrario, se abstendría.

La misma decisión tomarían, según dejaron trascender, algunos representantes de la coalición opositora Juntos por el Cambio.

Si así ocurriera, el proyecto debería volver a Diputados en segunda revisión.

Sin embargo, voceros del Frente de Todos aseguraron que no avalarán ninguna modificación en el expediente y que buscarán consensuar el apoyo del Senado para que sea ley ese mismo día.

En ese sentido, la ministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, aseguró en los últimos días que "no se está analizando introducir cambios en el texto" y endilgó una "mirada corta" a quienes atan la suerte de la iniciativa en la Cámara alta a una idea de victoria o derrota del Gobierno.

"Está bueno aclarar que, en principio, no se está analizando introducir cambios en el texto del proyecto", respondió Gómez Alcorta al ser consultada sobre las versiones que circulaban en ese sentido.

Además de algunos legisladores que aún no comunicaron su decisión sobre el proyecto, como las opositoras Lucila Crexell y Stella Maris Olalla, está en duda la participación del riojano Carlos Menem, quien permanece internado en una clínica porteña a raíz de una descompensación que sufrió a fines de la semana pasada.

Menem, al igual que el tucumano José Alperovich (de licencia y denunciado por presunto abuso sexual), son fervientes opositores a la legalización de la interrupción voluntaria del embarazo.

El recorrido del proyecto

El proyecto fue girado al Senado luego de haber sido aprobado en Diputados el 11 de diciembre, por 131 votos a favor, 117 en contra y seis abstenciones: un margen más amplio del que había obtenido cuando fue aprobado en 2018.

Aquella vez, el expediente chocó con la negativa del Senado, que lo rechazó por 38 a 31, con dos abstenciones y una ausente.

El proyecto de legalización del aborto permite la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14 de gestación, a la vez que habilita la objeción de conciencia de los profesionales que no están de acuerdo con esta práctica médica.

La media sanción de Diputados.

El plazo de la semana 14 no se aplicará cuando el embarazo fuera producto de una violación, en los casos de menores de 13 años o si estuviera en riesgo la vida.

En los casos de los menores de 16 que decidan abortar, se requerirá su consentimiento y que concurra acompañado por un familiar o un referente afectivo, mientras que las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.

En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo, deberá disponer la derivación a otra institución en la que sí pueda concretarse, según contempla el proyecto.