Ambos proyectos, que buscan garantizar el cuidado integral de las personas gestantes durante el embarazo y legalizar el aborto para aquellas que quieran no continuar con el mismo, habían sido un compromiso de gestión, que formaron parte de su primer discurso ante el Congreso Nacional en marzo pasado, antes que llegara la pandemia de coronavirus. 

El último proyecto, aprobado en el 2018 por la Cámara de Diputados pero rechazado por el Senado, fue promovido por la Campaña por el Aborto Seguro, Legal y Gratuito, un espacio federal compuesto por numerosas organizaciones, que tuvo su puntapié inicial en el país en el 2003 en el Encuentro Nacional de Mujeres (ENM).

La iniciativa del Poder Ejecutivo llegó pasadas las 18 al Congreso junto a otra propuesta, el Plan de los 1000 días, que apunta a acompañar, proteger y apoyar integralmente a las embarazadas, puérperas y niños y niñas de hasta 2 años y está basado en un esquema que rige en San Juan desde 2016.