El acuerdo establece que una de las premisas del Gobierno Nacional es lograr la máxima eficiencia en la administración de los recursos públicos, tendientes a lograr una mejora sustancial en la calidad de vida de los ciudadanos, focalizando su accionar en la producción de resultados que sean colectivamente compartidos y socialmente valorados.

Es por ello que ambas partes consideran pertinente intercambiar entre ellas la información almacenada en sus bases de datos, a fin de dar cumplimiento a las competencias a cargo de cada una de ellas, con criterios de transparencia, eficacia, eficiencia, austeridad y celeridad en beneficio de los administrados.

De esta manera el Ministerio de Salud de la Nación aportará información sobre las personas que han fallecido y de su grupo familiar a partir de sus registros. “Esto permitirá acceder a este subsidio de una manera más rápida y personalizada”, afirmó el ministro y agregó: “Esto forma parte de lo que venimos haciendo, ampliando derechos todos los días y trabajando juntos”.

Por su parte, la titular de la ANSES explicó que a partir de la decisión de ampliar la población con posibilidad de gestionar este subsidio ya “no son sólo los 7.3 millones de jubilados y jubiladas sino también los monotributistas de las categorías A y B y trabajadores informales”. Así “cerca de 9 millones de familias tenían que ser incluidas porque no tienen un ingreso estable durante la pandemia en función de un fallecimiento por COVID-19”.