El titular de la cartera educativa explicó: “es nuestra responsabilidad como Estado visibilizar los problemas para poder desplegar políticas públicas que los aborden. El grooming y el cyberacoso, entre otros tipo de delitos vinculados a la virtualidad impactan en nuestros niños, niñas y adolescentes. La articulación público-privada y de las organizaciones de la sociedad civil, el trabajo de docentes en las aulas en coordinación con el Consejo Federal de Educación, es indispensable para potenciar el impacto de la campaña en desarrollo, para la prevención del acoso virtual”.

Por su parte, la ministra de Justicia y Derechos Humanos, Marcela Losardo, aclaró: “Sumar las iniciativas de las compañías privadas a la campaña de concientización nacional que se está desarrollando es indispensable para fortalecer las políticas de prevención y asistir a niñas, niños y adolescentes”. Losardo explicó también que “las llamadas por esta problemática han crecido un 135% en el marco de la pandemia por lo que esta campaña resulta imperativa en este contexto”.

Las principales líneas de acción que conforman la campaña son: incluir la temática del grooming en las emisiones radiales y televisivas de Seguimos Educando como así también en cuadernos de ESI; distribución de material para los docentes; campañas en redes sociales y TV Pública; realizaciones de Instagram Live con especialistas en la temática; cursos y charlas en línea, documentales, spots publicitarios y comunicación de las líneas de asesoramiento y denuncia; y tutoriales territoriales en los barrios y para docentes. Además se busca actualizar los contenidos y hacerlos transversales a todas las áreas del Estado; y realizar capacitaciones para actores del sistema de protección de derechos.

Participaron también del encuentro, la gerenta general de Educ.ar, Laura Mares; la secretaria de Derechos Humanos, Laura Marazzo; la asesora de ENACOM, Anabela Martín; la referente de la Organización No Gubernamental “Mamá en línea”, Roxana Domínguez y representantes de diversas entidades bancarias, empresas de televisión por cable, internet, electrónica y tecnología, y organizaciones no gubernamentales, así como también activistas en portales y redes sociales.