La decisión de la Corte, refrendada por los ministros Carlos Maqueda, Ricardo Lorenzetti y Horacio Rosatti, aclaró que la presentación del Estado Nacional no explicó cuáles eran la “complejidad técnica” y las supuestas “dificultades” para cumplir con las medidas, con lo cual entendió que no hay nada para aclarar.

El gobierno de Mauricio Macri pidió a la Corte precisiones sobre la medida cautelar dispuesta sobre los efectos fiscales de los decretos 561 y 567 que disponían la reducción del impuesto a las Ganancias y la baja del IVA para productos de la canasta básica, pero que afectaban los fondos coparticipables de Catamarca, Chubut, Entre Ríos, Formosa, La Pampa, La Rioja, Misiones, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz, Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego y Tucumán.

La Corte recordó que el Poder Ejecutivo debió haber cuantificado los costos de las reducciones que dispuso y tenido en cuenta sus efectos al momento de establecerlas por decreto.

También recordó el máximo tribunal que es el presidente, como responsable político de la administración del país, quien cuenta con los elementos y potestades tendientes a cumplir de forma efectiva lo resuelto en el ámbito judicial.

Sin embargo, la Corte no obturó el diálogo que puede existir entre la Nación y las provincias para resolver el conflicto económico.