Así lo informaron el lunes fuentes judiciales y añadieron que el juez federal Claudio Bonadio también procesó a los ex secretarios de Transporte, Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, y a los ex titulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro.

Para ellos, el magistrado también mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos.

La maniobra, según el fallo, incurrió en los supuestos delitos de “defraudación contra la administración pública” y “administración fraudulenta”.

Y “ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de aproximadamente seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos ($ 609.326.186,25)”.

“Durante el período comprendido entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron sistemáticamente, a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían”, consignó.

Los procesados “pusieron en funcionamiento y sostuvieron en el tiempo, un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados”.

Bonadio estableció que “este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos y, consecuentemente, se terminaran entregando subsidios superiores a los correspondientes”.

El juez dictaminó que “la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014”.

En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los ex presidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.

El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada a la Secretaría de Transporte por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros, y la CNRT tenía que controlar si esos datos eran veraces o no.

Cuando declaró en indagatoria, el 23 de junio pasado, De Vido negó haber tenido “competencia” en el otorgamiento de los subsidios y aseguró que eso correspondía a la Secretaría de Transportes y a la CNRT.

De todos modos, el ex funcionario negó que haya habido ilícitos en la entrega de aquellos beneficios monetarios a las compañías de transporte, al asegurar que “los responsables” de la Secretaría y la CNRT “ya se han presentado (en el juzgado) y han demostrado la regularidad de su actuación”.

Aseguró además que “el sistema” de “determinación y otorgamiento” de subsidios a colectiveros “fue creado con anterioridad” a su llegada al Ministerio de Planificación e Infraestructura en 2003 y afirmó que “sigue durante la actual gestión del Ministro de Transporte (Guillermo) Dietrich”.