Los costos de distribución y la carga tributaria que cada gobierno provincial y cada municipio le agregan al valor final de la tarifa, generan que haya diferencias de hasta $2.700 en las facturas de luz (o aun tres veces) entre distintas provincias. 

Formosa es la provincia con la tarifa residencial más barata, según cálculos privados. El consumo de 550 kilovatios/hora (kWh) por mes equivale a una factura de $959,5, de los cuales $166,5 son impuestos y el resto representa el costo de generación, transporte y distribución de la energía eléctrica.

Como contrapartida, la provincia de Entre Ríos tiene el valor de la luz más caro, con una boleta que supera los $3.655 por el mismo consumo de 550 kWh por mes. De ese total, $1.383 representan la carga tributaria y otro tercio similar equivale a la distribución de energía.

"Cada distribuidora tiene costos de acuerdo con las características del territorio y de los usuarios a los que debe alcanzar. No es lo mismo prestar el servicio en centros urbanos densamente poblados que hacerlo en el interior provincial, rural y de pequeños pueblos", explica Verónica Geese, secretaria de Energía de Santa Fe.

En ese sentido, explica además que “la empresa de distribución de la provincia tiene aproximadamente 11 usuarios por kilómetro cuadrado y en la Capital Federal hay más de 600 usuarios. A la hora de distribuir los costos, dividir entre 600 es muy diferente a dividir entre 11”.

Sin embargo, las facturas más baratas se encuentran en Santa Cruz, Formosa, La Rioja ($1.501), San Juan ($1.907) y Santiago del Estero ($1.956). En muchos casos, como en La Rioja, el servicio está muy subsidiado por el gobierno provincial.

El valor agregado de distribución de energía -conocido como VAD- se lleva un 35% de la boleta final. Su valor lo establece cada provincia sobre la base de tres pilares: la concentración de carga (si en una manzana hay mil clientes o cinco por kilómetro cuadrado), la topografía del área de concesión (si es un terreno llano o está rodeado de cerros) y la calidad del servicio (los costos de operar, mantener, administrar y expandir el sistema de distribución). Estas empresas pueden ser públicas o privadas, pero en ambos casos los precios están regulados por cada gobierno provincial.

El peso de la generación

Los valores de generación y transporte de energía representan otro 35% del total de la factura, y son constantes para todas las jurisdicciones y los servicios son regulados directamente por el Estado Nacional.

Cammesa (Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico, de administración mixta) compra la electricidad y la vende a las distribuidoras. Para un consumo promedio de 550 kWh, el costo de abastecimiento de energía equivale a $770.

El 30% restante de la composición de la boleta de luz son impuestos, que se diferencian entre nacionales -el IVA se lleva el 21%-, provinciales y municipales.

Cammesa vende la energía a las distribuidoras a un precio que no cubre el costo de producirla y, por lo tanto, existe una diferencia entre el costo real de producción y el precio de venta a los distribuidores.

Con el cambio de administración y la llegada de Mauricio Macri a la presidencia, en los últimos años se intentó "emprolijar" que el costo del mercado eléctrico mayorista sea el mismo para todas las provincias. Antes, Cammesa vendía la energía subsidiada a las distribuidoras, pero aplicaba distintos subsidios a cada una, según la afinidad política con el gobierno de turno de cada provincia.

Si bien se logró que cada jurisdicción pague lo mismo por la generación, la abrupta devaluación que tuvo el peso este año hizo retroceder la proporción del costo que paga cada usuario, que había aumentado con el aumento de tarifas. Por ejemplo: producir 1000 kWh (1 MWh) cuesta 70 dólares, aproximadamente. Tras la suba de tarifas, los usuarios llegaron a pagar 40 dólares por MWh de los 10 dólares que pagaban anteriormente.

Sin embargo, luego de la suba del tipo de cambio, los clientes, que venían pagando el 60% del costo de generación (tras la suba de tarifas) volvieron pagar solo el 20%. El resto continúa subsidiado por el Estado.