Ante ello pidieron al fiscal José Oliveros Icazatti rever la situación, ya que "genera un daño muy severo al sistema republicano, perjudicando a la democracia", afirmó el viceintendente Oscar Luna, quien realizó la cronología de hechos que se tomaron en cuenta, para llegar a la votación final, donde el cuerpo consideró que no era oportuna la asunción de Alfredo Menem. 

"El fiscal no tuvo en cuenta la jurisprudencia, los fallos de la Corte Suprema de la Nación, donde se detalla que los poderes legislativos son autónomos. Se ha llevado de manera correcta todo el proceso deliberativo. Por eso es que llamamos a la reflexión al fiscal Oliveros Icazatti para rever este caso", aseveró, a tiempo que señaló que el dictamen de este fiscal "carece de sustento. No dice nada, promovió la acción sin fundamento alguno", apuntó.

"Hay persecución política, eso no cabe duda. Por eso es que por intermedio de nuestros representantes legales hemos planteado la nulidad de todo este proceso judicial. Oportunamente se ha elevado toda la documentación que pidió el fiscal antes de promover esta acción, como así también se entregó la versión taquigráfica de la asamblea legislativa", agregó.

Recordó que en esa oportunidad se conformó el quorum, donde estuvieron los 14 miembros de la sesión y que luego del debate se procedió a la votación, donde la mayoría resolvió el rechazo de Menem. 

"Ejercimos y ejercemos nuestro pleno derecho como asamblea democrática y en esto es claro lo que dice la constitución provincial y nacional sobre que no puede ser limitada por autoridad o ley alguna. Lo que eleva la Justicia Electoral es un dictamen, una opinión y en esto hay un caso que es el de Alvarez, donde el cuerpo se constituyó y resolvió su no incorporación a la Cámara de Diputados", agregó.

Por último determinó: "Si cada ordenanza tendría que ser así de cuestionada, no podría estar en plena vigencia el Concejo. Por eso pedimos que se respete la Institución, porque la Corte Suprema de Justicia es clara y si se cumplió el debido proceso, los órganos legislativos son incuestionables", finalizó.

Por su parte los abogados María Bazán y Rubén Avila detallaron los aspectos legales de este caso. Bazán especificó que en el caso de la denuncia por la desobediencia a la autoridad no se debe tomar como tal, debido a que la sentencia "no tiene mandamiento de ejecución. No hay algo que obligue su obediencia. Tampoco es funcionario público para que sea tomado como tal. Se va cayendo toda la denuncia, si se lo comienza a analizar su tipicidad, su punibilidad. No reviste la calidad como tal", aseveró.

Avila, en consonancia con este análisis habló sobre lo actuado en el cuerpo. "El proceso de proclamación de los electos queda por última instancia a cargo del cuerpo deliberativo. Y en sesión legítima rechazó ese ingreso, en razón que se presentaron impugnaciones por deslealtad partidaria y haber sido expulsado de su partido".

"Se cumplieron con todos los pasos establecidos por la Ley Orgánica Municipal Transitoria y el Reglamento Interno. Incluso el procedimiento fue iniciado a pedido del propio viceintendente, quien le pidió a la Justicia Electoral que se vea el tema de la banca vacante por orden de mayoría. Y en este debido proceso el cuerpo es el único juez y una vez pronunciado el asunto no se puede rever", aseveró.